Cierre de RCTV fue determinante para la hegemonía comunicacional

Fecha: 28-05-2012 05:40 AM




Hoy a medianoche se cumplen 1.823 días de haber salido del aire por señal abierta. En los últimos cinco años los poderes públicos decidieron contra la prensa privada y a favor de la oficial. Violaciones de la libertad de expresión aumentaron desde 2007.

En 2002 el Estado apenas contaba con un canal de televisión, dos estaciones de radio y una agencia estatal de noticias.

Para 2007 sumaba cinco estaciones de diferente alcance, cinco televisoras, una agencia de noticias y un canal internacional de noticias.

A cinco años del cierre de RCTV no solamente el espacio radioeléctrico en su totalidad pasó a ser de servicio público por una reforma de la Ley de Telecomunicaciones en 2010, sino que el poderío comunicacional del Gobierno también se ha multiplicado exponencialmente.

El investigador Marcelino Bisbal, director de postgrados de Comunicación de la UCAB, refirió que el Estado cuenta hoy con 6 televisoras nacionales, una continental y 36 comunitarias; 5 radios estatales, 244 comunitarias y 2 con salida al exterior; un periódico nacional (Correo del Orinoco), 2 locales (Ciudad Caracas y Ciudad Valencia) y 120 comunitarios; más de 110 páginas web, un satélite y 2 empresas de telecomunicaciones (Cantv y CVG Telecom). Todo ello sin contar la fuerte presencia del Gobierno en las redes sociales encabezada por @ chavezcandanga.

Bisbal señaló que a partir de 2002 el Gobierno decidió librar una guerra contra los medios de comunicación por considerarlos enemigos de la revolución y de allí el intento sostenido de construir toda una industria cultural basada en el triángulo Estado-gobierno-partido. Por ello no parece casual que la ONG Espacio Público haya reportado un incremento sostenido de las violaciones de la libertad de expresión desde ese año.

"Estamos en presencia, cada vez más marcada, de un régimen mediático que va controlando y neutralizando poco a poco el sistema de medios que nos era conocido. Es un populismo mediático", dijo.

El académico enumeró los elementos del nuevo orden comunicacional: fuerte intervención estatal, exclusión de actores políticos y sociales en los medios gubernamentales, legislación que limita la libertad de expresión, eliminación de la disidencia comunicacional, cierre de fuentes informativas, límites al acceso de la información pública, generación de mecanismos reales de censura y autocensura, intimidación y agresión a medios y periodistas, y exclusión publicitaria oficial de los medios críticos, entre otros.

Vulnerar al país. El cierre de RCTV en 2007 fue vital para afianzar la construcción de ese nuevo orden comunicacional, sostuvo el especialista en comunicación Óscar Lucien, quien ofreció un recuento luego de 1.823 días sin el canal de Quinta Crespo: "Mañana amaneceremos con menos información de la que disponíamos hace 5 años. Estaremos más silenciados, más controlados y la hegemonía de medios al servicio del culto a la personalidad del Presidente será mayor".

Sostuvo que el cierre de RCTV era fundamental para esos fines por tres razones: primero, fue un golpe efectivo a un canal de televisión con alta audiencia y línea editorial contraria al Gobierno; segundo, el Estado se apropió de una frecuencia de alcance nacional ideal para la propaganda y culto a la personalidad de Chávez, que fortaleció su plataforma comunicacional de discurso único; y tercero, produjo un efecto de inhibición en las otras emisoras, que se vieron en la obligación de poner sus barbas en remojo.

Lucien considera que la gravedad del caso RCTV trascendió la agresión al derecho a la propiedad privada y al cierre de un medio. Cuando el Presidente reconoció que el motivo de la decisión era la línea editorial del canal y no el vencimiento de su concesión, el asunto se convirtió en flagrante privación del derecho a la información de todo un país.

"El establecimiento de TVES en la frecuencia de RCTV no repercutió en garantías a la diversidad de la opinión política, ni mejoró la calidad de la información, ni significó la democratización del espectro", criticó el autor del libro Cerco rojo a la libertad de expresión.

Sordos, ciegos y mudos. Así están los ciudadanos desde 2007, pues no sólo perdieron una señal abierta, gratuita y nacional a través de la cual denunciar y enterarse de los problemas. En paralelo, Lucien advirtió sobre la profundización de un proceso en doble vía.

"Por un lado, se ha silenciado una cantidad de voces por la vía del cierre de medios y otras por la autocensura. En radios y televisoras han suplantado a los anclas independientes por otros favorables al Gobierno con la idea de sobrevivir. Por el otro, el Gobierno ha fortalecido su capacidad comunicativa no sólo en los medios oficiales, a los cuales se les ha aumentado la potencia, sino que también ha cooptado todo el sistema de comunicación comunitaria colocándolo al servicio de propaganda oficial", sostuvo.

El mismo año que RCTV fue cerrada, tres radios salieron del aire en Bolívar como antesala al cierre de otras 32 emisoras y 2 televisoras el 31 de julio 2009. Aunque Conatel amenazó a otras 200 emisoras en esa ocasión, no hubo otro cierre masivo, sino un goteo de medidas de suspensión que hasta el momento ha afectado a más de 50 televisoras, radios y programas de productores independientes, todos fuera del aire. Sólo este año han suspendido aproximadamente 35 frecuencias radiales.

En 2009 Conatel también obligó la salida del aire de RCTV Internacional, al ordenar que, para ser considerado un canal internacional, 70% de la programación debía producirse en el exterior. "Esta medida ha sido calificada por la opinión pública de arbitraria y con el único propósito de obligar a RCTV Internacional a difundir las cadenas", sostuvo Lucien.

Toda la actuación contra RCTV tuvo un eco político legislativo. Por una parte, Conatel pasó del Ministerio de Infraestructura a la Vicepresidencia, despojándolo de su carácter técnico para convertirlo en un instrumento político; por la otra, la mayoría parlamentaria que ostentó el Gobierno, sobre todo en el período 2006-2011, aprobó dos reformas que profundizaron el matiz hegemónico del espectro radioeléctrico: la de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión y la de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

La primera amplió el control del Estado a los medios electrónicos, tipificó una serie de delitos de opinión y dio a los funcionarios de Conatel la discrecionalidad para determinar su comisión. La segunda transformó las comunicaciones en un ámbito de servicio público de reserva del Estado, redujo las concesiones a 15 años y prohibió su herencia.

"Es necesario evidenciar que el modelo político que se quiere imponer no puede existir con medios independientes. Todas las medidas forman parte de un plan con una dimensión legal, una impositiva, una normativa, otra discriminatoria, que promueve la autocensura y se limita el acceso a la información", indicó Lucien.

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