CNP-Anzoátegui se declara en alerta por amenazas a la libertad de expresión

Fecha: 16-05-2009 07:29 PM

Pinext

Por: Comunicado

El Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Anzoátegui, se declara en estado de alerta por las amenazas a la libertad de expresión, que se han ido intensificando hasta materializarse en agresiones e intimidaciones a periodistas, así como a nuestros compañeros de labores camarógrafos y reporteros gráficos.
Igualmente, al gremio le preocupan las presiones económicas sobre los medios de comunicación social hechas por el Gobierno Nacional para acallar la voz del ciudadano y para tratar de imponer una línea editorial e informativa que dibuja una realidad diferente a la que sucede en el país. Con el ensañamiento hacia los medios de comunicación, lo que está en juego es el irrenunciable derecho universal de todos los ciudadanos a la libertad de expresión y al acceso a la información, así como el derecho fundamental al trabajo consagrado en nuestra Carta Magna.
 

Las libertades públicas y en particular la libertad de expresión están sensiblemente atropelladas y en riesgo de pasar a control total por parte del Gobierno Nacional. Están en juego la pluralidad, el libre pensamiento y la oportunidad que tienen todos los venezolanos de estar informados y transmitir su opinión a través de nosotros, los periodistas.
 

Los comunicadores nos sentimos dolorosamente afectados, no sólo porque ello nos lesiona el ejercicio de derechos individuales, sino también porque la presión oficial nos impide y coarta el cumplimiento de nuestro deber de informar oportuna y verazmente a la comunidad.
Por ello, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Anzoátegui, ante las graves decisiones y amenazas que en materia comunicacional han sido anunciadas por el Presidente de la República, representantes de la Asamblea Nacional, el Gobernador del estado Anzoátegui y voceros del partido oficialista considera necesario expresarse ante la opinión pública en los siguientes términos:
 

Considerando
Que nuestra Carta Magna, los tratados internacionales suscritos por la República y demás leyes vigentes referidas a la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene el pueblo venezolano establecen que una de las funciones fundamentales del poder ejecutivo es la de garantizar el diálogo y la libre expresión de ideas y opiniones, así como de la coexistencia de las diferentes ideologías y corrientes del pensamiento filosófico, religioso y político, sin otra limitación que el respeto mutuo.

Considerando
Que la Ley del Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética obligan a los afiliados al Colegio Nacional de Periodistas a defender esos principios para obtener las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera justicia social, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.

Considerando
Que en los últimos días, el Presidente de la República, el gobernador del estado Anzoátegui, representantes de la Asamblea Nacional y voceros del partido de gobierno han recurrido a amenazas, veladas y abiertas, contra periodistas, como el caso de Nelson Bocaranda Sardi de El Universal y Unionradio, Joselyn Torres de Notitarde y Beatriz Adrián de Globovisión y contra medios de comunicación social, como Globovisión, diario El Tiempo, Orbita radio, Orbita TV, entre otros; lo cual constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información alternativa, crítica y diversa.

Considerando
Que en el estado Anzoátegui se mantiene un cerco informativo contra los periodistas y medios de comunicación, violando no sólo lo que manda nuestra constitución nacional, sino la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Anzoátegui, impidiendo a los ciudadanos estar informados de manera oportuna y veraz.

Considerando
Que el Presidente de la República, el Gobernador de Anzoátegui, representantes de la Asamblea Nacional, demás instancia de poder y voceros del partido de gobierno con frecuencia creciente utilizan un lenguaje insultante y violento para incitar el odio de las comunidades hacia los comunicadores sociales.

Considerando
Que estas acciones intimidatorias son inadmisibles dentro de un régimen democrático que se sustenta sobre el derecho a la libre expresión de las ideas y la garantía de que nadie podrá ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones.


ACUERDA:
1. Rechazar el tratamiento injusto e inadecuado que estamos recibiendo por parte del alto gobierno y de funcionarios menores de esta administración, por cuanto se viene violando el derecho al libre acceso a la información y coloca en grave riesgo la libertad de expresión.
2. Defender y apoyar la labor que han venido realizando los periodistas y medios de comunicación social independientes al ofrecer a la ciudadanía información analítica, crítica y de alta calidad sobre los más variados temas de interés nacional.
3. Apoyar a los periodistas y medios de comunicación amenazados para que sigan cumpliendo con su misión de servir como vehículos de difusión de las más diversas expresiones del pensamiento y de contribuir a la defensa de los derechos fundamentales, en particular, el derecho a la libre expresión.
4. Exigir al gobierno nacional, el cumplimiento de las medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a favor de un grupo de periodistas y medios de comunicación que han venido siendo amenazados de manera sistemática, tanto por el gobierno nacional de manera directa e indirecta, como por factores violentos que lo apoyan.
5. Reiterar el compromiso del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Anzoátegui, con la defensa de la libertad de expresión y el derecho de la información del pueblo venezolano, garantizados constitucionalmente.
5. Advertir que el Colegio Nacional de Periodistas honrará sus deberes en defensa de sus afiliados y de la libertad de expresión y el derecho a la información.
6. Emprender acciones de protesta y abrir el debate en las comunidades a las cuales nos debemos.
7. Difundir y publicar este comunicado en los medios locales y nacionales.

 



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