C O M U N I C A D O EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION

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Wed, 30 Dec 2020 16:23:35 -0400

EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION

 

Tomando en consideración que se han llevado a cabo más de 944 violaciones al derecho de la libertad de expresión durante el año 2020, entre las que destacan las amenazas a periodistas que buscan difundir información sobre el colapso de servicios públicos, protestas ciudadanas, con más 122 detenciones arbitrarias, en su mayoría de periodistas, trabajadores de la prensa e infociudadanos, además se han cerrado en Venezuela (desde el año 2004 hasta el 2019) 165 emisoras de radio, 18 canales de televisión y 42 periódicos, de acuerdo al registro detallado de la ONG Espacio Público.

Por cuanto en Venezuela, existen más de 9 periodistas que han sido víctimas de persecución, amenazas, enjuiciamiento, detención, incomunicación, y sometimiento a medidas cautelares, sin haber cometido delitos, por lo que han sido criminalizados e inhabilitados los ciudadanos: Darwinson Rojas, Ana Belén Tovar, Arnaldo Sumoza, Elides Rojas, Marco Antoima, Mimi Arreza, Carol Romero, Eduardo Galindo Peña, y Roland Carreño, quien tiene más de 2 meses encarcelado injustamente.

Visto que el despotismo, convertido hoy en estado fallido, desconoce deliberadamente las tendencias jurisprudenciales emitidas por el sistema interamericano de justicia, según casos ya sentenciados por la CIDH, tales como: Herrera Ulloa en Costa Rica, La Ultima Tentación de Cristo en Chile, Tristán Donoso en Panamá, y especialmente la condena al estado venezolano, del 30 de agosto del 2019, (Caso Profesor Alvarez Ramos), en donde se prohíbe restringir el derecho a la información, respetar las garantías del debido proceso sin poder silenciar el derecho de las comunidades a estar debidamente informadas, invocando abusivamente la noción de “orden público” bajo “delitos de odio”.

Vistas las campañas descrédito contra diversas ONG con trabajo social comprobado en Venezuela, como PROVEA, COFAVIC, ACCESO A LA JUSTICIA, otras, y las recientes amenazas desde el programa La Hojilla a través de VTV, efectuadas el 15 de diciembre contra Roscio San Miguel de Control Ciudadano, contra el presidente del Colegio Nacional de Periodista (CNP), contra miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), y los periodistas Johanna Marra de Crónica Uno, Carlos Correa, Director de la ONG Espacio Público.

Vista la detención arbitraria y hechos violentos contra el reportero gráfico del portal web Punto de Corte, Juan Carlos Neira, ocurrido el 16 de diciembre, cuando cubría una protesta frente a la sede de la vicepresidencia ejecutiva, en el centro de Caracas.

La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, alerta y denuncia ante la comunidad nacional y organismos internacionales competentes:

  1. Reiteradas violaciones de derechos humanos fundamentales que han sido víctimas en Venezuela, periodistas, reporteros, trabajadores de la prensa e infociudadanos, al debido proceso, la libertad de prensa, libertad de información, que guarda relación directa con el ejercicio de la libertad de expresión, sin fronteras, amparados especialmente por el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, y especialmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por sus artículos 23, 49, 57, 58 y 337, cuyas garantías no pueden ser restringidas en estados de excepción, bajo ningún motivo.
  2. Exige el cumplimiento efectivo de protocolos y expresas recomendaciones tanto de la OEA, en sus diferentes organismos, contenidos en informes extensos y detallados como de la ONU, en materia del debido proceso, presunción de inocencia, libertad de expresión, libertad de prensa y, libertad de información.
  3. Demandamos el cese inmediato de la escalada represiva, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, amenazas, congelamientos de cuentas sin debido proceso, a través de instrumentos de tendencia totalitaria incorrectamente llamados leyes Antiodio y Antibloqueo, por parte de organismos policiales, militares, fiscales y poder judicial, contra periodistas, trabajadores de la prensa e infociudadanos, bajo un colapso de servicios públicos, en pandemia, que deliberadamente se tergiversan bajo hegemonía comunicacional, para silenciar el derecho de las comunidades a estar debidamente informados, sin censura, simultáneo a la inexistente rendición de cuentas, corrupción e impunidad.
  4. Rechazamos categóricamente las campañas de estigmatización y desprestigio desde canales del estado y emisoras de radio, autoridades, a través de programas que generan amenazas, amedrentamientos, temor, censura, contra periodistas, defensores DDHH, ONG especializadas en Venezuela, en el momento que las comunidades exigen y reclaman la libertad plena de todos los presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional designada en el año 2015, elecciones transparentes, justas, con organismos imparciales e independientes, mayor información, rendición de cuentas, a pesar del colapso de servicios básicos, con fallas permanentes de electricidad, crisis humanitaria, hiperinflación, recesión, más de 5 millones de desplazados, la peor conectividad y señal de internet del continente, sin gasolina, alta conflictividad social, que afecta el reporterismo de calle, y la noción de servicio público del periodismo.
  5. El saldo negativo descrito configura un patrón sistemático aplicado de forma masiva en Venezuela, en detrimento de la libertad de expresión, que viola expresamente la Constitución Nacional, tratados internacionales, el Código Penal, leyes especiales, además del Código Orgánico Procesal Penal, en materia del debido proceso, contra comunidades o poblaciones desamparadas, en donde los periodistas, camarógrafos, reporteros, trabajadores de la prensa e infociudadanos son objetivos políticos, señalados, perseguidos, hostigados, para ser víctimas de hechos violentos.
  6. El Colegio Nacional de Periodistas deplora categóricamente el cierre de medios de comunicación, bajo cualquier figura, por la falta de insumos, la no renovación de concesiones, confiscación de equipos, hurtos, robos de instrumentos, amenazas, amedrentamientos, vías de hechos, inhabilitaciones, campañas de desinformación desde las altas esferas del poder, que constituyen hechos punibles, que además han sido analizados por múltiples instancias de organismos competentes tanto en la OEA, CIDH, Relatoría de la libertad de expresión, Misión Independiente de la ONU, ACNUDH, otros, en donde los funcionarios, civiles y militares en Venezuela, involucrados en la cadena de mando que hayan incurrido en violación DDHH, están sujetos a responsabilidades y sanciones, cuyos delitos de lesa humanidad no prescriben.
  7. Rechazamos de forma tajante, el oscurantismo, la falta de transparencia, censura, e inexistencia de rendición de cuentas por parte de autoridades y organismos oficiales en Venezuela, reafirmando nuestro fiel compromiso en el cumplimiento de los deberes y obligaciones que pauta la Ley del Ejercicio del Periodismo, tratados internacionales ratificados por el estado venezolano y la Carta Magna, para informar a la ciudadanía, con equilibrio, de manera oportuna y veraz.

Publíquese y notifíquese copia del presente comunicado a la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Secretaría General de la OEA, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Misión Independiente de las Naciones Unidas para la determinación de los hechos en Venezuela, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a las ONG en materia de defensa DDHH, al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Espacio Público, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Expresión Libre, a la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, a las escuelas de Comunicación Social.

En la ciudad de Caracas, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020)

Junta Directiva Nacional

                                                                                 Colegio Nacional

 

 

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