CON LA USURPACIÓN MUERE LALIBERTAD

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Tue, 05 Jan 2021 20:54:29 -0400

Cuando vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Cuando vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro.

Cuando vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Cuando vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”.Pastor Martin Niemöller [1] La Cátedra deDerecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, conformada porlos profesores que imparten esta materia, así como otros profesores de derechopúblico integrados a sus actividades, reunidos por convocatoria expresa de sujefatura, considera su deber emitir un pronunciamiento de conformidad con elartículo 2 de la Ley de Universidades, en los términos siguientes: LOS HECHOS HABLAN POR SI MISMOS En virtud de larealización del evento de fecha 6 de diciembre de 2020, se ha consumado elfraude electoral que denunciamos en el pronunciamiento de fecha 27 de agosto de2020, documento en el que destacamos un diseño que ha sido objeto de desarrollocontinuado y que parte del desconocimiento de los valores y principios quesostienen a un Estado Democrático. Hoy reafirmamos que no se puede analizar elcaso venezolano desde una perspectiva restringida a lo constitucional, porcuanto no estamos en un régimen democrático, ni en el marco de un EstadoConstitucional de Derecho. Aseveración tan grave por parte de profesoresdedicados a la enseñanza del Derecho Constitucional es el producto de unanálisis de la realidad política venezolana signada por las situacionessiguientes: La sistemática violación de los derechos fundamentales de los venezolanos, la pérdida de la soberanía nacional y la crisis humanitaria compleja que no ha podido ser contenida por ineficiencia y corrupción, son responsabilidad exclusiva del régimen de facto, y particularmente de quien lo encabeza: Nicolás Maduro.

La existencia de un Estado Forajido, pero también la de un Estado Fallido. Se trata del ejercicio del poder bajo un sistemático y anómico desconocimiento de la constitucionalidad y de la legalidad, así como el irrespeto a los convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. En particular, de un accionar signado por la violación de los derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad, y los valores democráticos, que se asocia a la acción de grupos internos paramilitares y grupos criminales fuera del país, en complicidad con organizaciones transnacionales dedicadas a actividades ilícitas. Causando la depredación de los recursos de la Nación, un daño sistemático al ambiente, y comprometiendo la integridad del territorio y la soberanía de la Nación. Adicionalmente, este Estado forajido, que atiende a fines extraños al interés de los venezolanos, presenta la más absoluta incapacidad para cumplir con las obligaciones que un Estado debe poseer para garantizar el bienestar de la sociedad a la que se debe. De manera que la depredación de los recursos nacionales y la trepidante corrupción, configura al Estado fallido con incumplimientos en su carga obligacional de bienestar y resguardo de las necesidades básicas de la población, lo que ha impulsado a millones de compatriotas a huir del país. Venezuela es, en este preciso momento, el país con la segunda más aguda crisis migratoria del mundo, después de Siria un país con una guerra civil, constituyéndose en un riesgo para la Región por tal hecho. La Asamblea Nacional electa por el pueblo en diciembre de 2015 es actualmente la única institución constitucional que goza de legitimidad de origen en Venezuela. Así ha sido reconocido por los organismos internacionales y las democracias del mundo. Dicha elección reflejó el rechazo al proceso de instauración del Estado fallido y a la destrucción institucional de Venezuela. El resultado de dicho proceso electoral fue una contundente respuesta de la sociedad que no pudo ser contenida por el ventajismo, el fraude, ni los delitos electorales amparados por el Consejo Nacional Electoral y por un Poder Judicial, ilegítimo de origen, parcializado y al servicio exclusivo de la tiranía. Desde el mismo momento de la elección de la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, se produjo un desconocimiento de sus funciones constitucionales, lo que manifiesta un desacato a la soberanía nacional en ella representada. Las vías de hecho contra los diputados, que ha incluido la persecución, el secuestro, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición forzada y el enjuiciamiento de los parlamentarios, han sido complementadas con zarpazos judiciales como los contenidos en las sentencias 155-17 y 156-17 de la Sala Constitucional del TSJ que, como denunciamos en su oportunidad, “constituyen actos arbitrarios que instauran una tiranía judicial y la ruptura del orden constitucional”. A lo que se agregó la farsa de una “Asamblea Nacional Constituyente”, coaptada con el único objetivo de anular la expresión plural y democrática de la soberanía de la Nación representada en la Asamblea Nacional. En consecuencia, en Venezuela no existe Estado de Derecho, se violenta abiertamente el régimen de libertades públicas y se ha materializado la abrogación de facto de la Constitución. La sistemática violación de derechos humanos y los crímenes atroces asociados a las ejecutorias del régimen de Nicolás Maduro, ha sido documentada en el Informe Detallado de la Misión de Determinación de los Hechos, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,[2] además de incontables documentos producidos por diversos organismos como la OEA,[3] la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[4] y diversas ONG nacionales como PROVEA y Acceso a la Justicia; e internacionales, como Amnistía Internacional, Comisión Internacional de Juristas, DPLF y HRW, entre muchas otras. La Fiscalía ante la Corte Penal Internacional que realiza un examen preliminar sobre la Situación I de Venezuela, ha establecido en su fase 2, que los hechos acontecidos en nuestro país son de la competencia material, territorial, personal y temporal de dicha instancia judicial, por lo que ahora estudia su admisibilidad (Fase 3 del examen preliminar).[5] El 6 de diciembre de 2020 la élite despótica culminó una nueva fase del fraude continuado dirigido a reproducir el dualismo institucional que ha implantado desde hace dos décadas en el ámbito, económico, político y social, para debilitar las bases del Estado Constitucional de Derecho y la misma Democracia. Previamente, mediante maniobras hilvanadas y ejecutadas por el Poder Judicial al servicio de esa cúpula autoritaria, los partidos políticos opuestos a la dominación totalitaria fueron inhabilitados y todos sus recursos y símbolos fueron confiscados y luego cedidos a simpatizantes y aliados del partido oficial, para eliminar así toda competencia. El 5 de enero de 2021 debería expirar el mandato de la representación popular electa en el proceso electoral de 2015; sin embargo, las mismas instancias de la comunidad internacional y los Estados que le han dado reconocimiento y cualidad a la Asamblea Nacional 2016-2021, han procedido desde la convocatoria de las fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado a realizar señalamientos válidos que califican su ilegitimidad e inconstitucionalidad. Existe consenso, entre las democracias consolidadas en el mundo, sobre que este último evento no puede ser definido como un proceso electoral válido, porque su único propósito era destruir el último resquicio de constitucionalidad y legitimidad democrática, refugiado en la Asamblea Nacional electa en 2015. LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL ESTÁCONSUMADA, LA ENTREGA DE LA SOBERANIA NACIONAL ESTÁ EN EJECUCIÓN Todo análisis oevaluación de la situación, cualquier planteamiento sobre la salida aplicableal caso venezolano, tiene que partir de la destrucción del EstadoConstitucional y la captura del poder político subsistente por un régimen defacto que utiliza la violencia, en todas sus modalidades, para controlar enforma total a la población. La desintegración del Estado de Derecho, laconstitucionalidad y la legalidad se manifiestan ante los siguientes elementosque implican la pérdida de soberanía: La falta de control sobre el territorio nacional, especialmente en la frontera; y el riesgo inminente del despojo definitivo de territorio patrio, ante la debilidad institucional de Venezuela o la connivencia criminal del régimen de facto. Esta situación se evidencia en la situación planteada por acción incoada por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la reciente decisión que asume la jurisdicción para conocer fondo y forma de la controversia sobre el Esequibo y la validez del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899. Una dramática crisis migratoria venezolana que en este año superó la de países bajo conflicto bélico como lo son Sudán del Sur, Myanmar (Rohinyá), Afganistán y Somalia, en el orden de gravedad según la ACNUR, y pronto podría superar la de Siria[6]. Un sufrimiento que se refleja en episodios como la tragedia que se vive en Güiria de La Costa, la frontera con Colombia y tantos actos de discriminación y xenofobia ejecutados en países a los que Venezuela brindó apoyo y refugio a sus nacionales. Esta situación justifica una intervención decidida y comprometida de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y los demás organismos multilaterales asociados a la solución de esta emergencia humanitaria compleja[7]. El desmantelamiento de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) como empresa a través de la cual el Estado venezolano se reservaba la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico de conformidad con los artículos 302 y 303 de la Constitución. La galopante corrupción produjo un dramático derrumbe en la producción nacional. No hay faceta del funcionamiento de PDVSA que no haya sido azotado por el tráfico de intereses; la desviación de la actividad productiva de la empresa con cargas económicas absolutamente apartadas de su objeto social; desfalco generalizado con la Flota de Transportes del Alba, Transalba y los negociados con fletamento de buques, gabarras y equipos auxiliares; convenios internacionales de suministro incontrolados; y, en especial, el impacto del Convenio Petrolero con Cuba. Asimismo, los más de 20 grandes casos penales de sobornos y estafas a PDVSA que se tramitan en otras jurisdicciones, evidencian la corrupción y falta de idoneidad de sus administradores, en complicidad con contratistas, clientes y testaferros[8]. No son las sanciones impuestas por la comunidad internacional la causa eficiente de la postración de nuestra principal industria. El otorgamiento indiscriminado de concesiones desconociendo las más elementales normas técnicas de preservación del medio ambiente, irrespetando las regulaciones en materia de tierras ancestrales de las comunidades autóctonas y sacrificando la soberanía nacional, bajo una administración corrupta y caótica. En este sentido, la creación del Arco Minero del Orinoco, en manos de autoridades militares[9], conformado por una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional de 111.843,70 km2 de superficie, afectando algo más del 12% del territorio de la República,[10] puede presentarse como uno de los más arbitrarios y audaces actos de enajenación masiva de la riqueza minera nacional bajo el antifaz inicial de la nacionalización de la explotación y exportación de metales y no metales. Esta inédita política concesionaria afecta la explotación de material radiactivo como el uranio y el torio, e igualmente de oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita; además, constituye una fuente de ingresos sustantiva para mantener el régimen en el poder a pesar de que sus ejecutorias reflejan un Estado fallido. Se trata de un crimen ecológico de Estado no igualado, en su aspecto dañoso, en cuanto al impacto ambiental y humano. La constante de comprometer el patrimonio de la República mediante empréstitos y la asunción de obligaciones económico-financieras que han sido suscritas en forma inconstitucional, ya que incumplieron el sistema de controles previstos para los contratos de interés público nacional celebrados con Estados o entidades oficiales extranjeras. La exposición de motivos de la Constitución de 1999 es terminante, en este aspecto: “En materia de contratos de interés público se mantiene, en general, la regulación constitucional existente, aunque se mejora su redacción. Se prevé, así, como regla general que los contratos de interés público nacional deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No obstante, se establece con carácter preceptivo esta aprobación en los supuestos de contratos de interés público nacional, estadal o municipal si los mismos pretenden celebrarse con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”. Cuando el Constituyente se refiere a la aprobación con “carácter preceptivo” de los contratos de interés público nacional celebrados con Estados o entidades oficiales extranjeras, está advirtiendo que este control siempre debe producirse para que opere su validez constitucional. De forma que cuando un contrato de interés público nacional celebrado con Estados o entidades oficiales extranjeras reviste forma de tratado, convenio o acuerdo internacional, aunque operen las excepciones contenidas en el artículo 154 de la Constitución, estaría sujeto a la autorización de la Asamblea Nacional. Lo que no puede es estar exento de controles. El mejor ejemplo de este modelo de corrupción transnacional han sido los componentes y derivaciones que se enmarcan en la relación con China,[11] el cual se inició con el otorgamiento de un primer préstamo en 2008 previo a la aprobación de la Ley Aprobatoria del Convenio y prosiguió con varios convenios de enmienda para el otorgamiento de nuevos préstamos que incrementaron la deuda, en una primera etapa, en unos 50 mil millones de dólares; y Rusia,[12] especialmente en el área petrolera, proyectos mineros, compra de material militar, importación de bienes y servicios, así como en la ejecución de todo tipo de proyectos vinculados al interés nacional.[13] La adopción del Contrato CUPET-PDVSA, en el marco del convenio petrolero, redujo el valor patrimonial de PDVSA y produjo un daño económico a la República que se manifiesta, en forma creciente y paulatina, en el monto que corresponde a la diferencia entre el precio de venta establecido de cada embarque (valor original) y el valor real o efectivo de las cartas de crédito emitidas por el BNC por ese embarque. Se trata de un financiamiento que constituye la fuente de ingresos sustancial de Cuba hasta la fecha y la causa eficiente de su estabilidad política en las últimas dos décadas. Todo bajo la premisa de vigencia de un convenio internacional indubitablemente inconstitucional, así como lo ha sido el grotesco endeudamiento que ha asumido Venezuela con Rusia y China sin cumplir los parámetros de control establecidos en la Constitución para los contratos de interés nacional. Pero el grado de intervencionismo cubano no tiene parangón ni siquiera con estas dos potencias mundiales. Aunado al auxilio económico del cual depende el régimen cubano se encuentra un control efectivo y selectivo de actividades básicas del Estado venezolano, inconcebibles desde la perspectiva de pervivencia de un patrón mínimo de independencia y soberanía. En buena medida, ya sea a través de convenios complementarios o vías de hecho, el régimen cubano controla los sistemas de identificación, registros de propiedad y de transacciones mercantiles, controles migratorios, puertos y aeropuertos, sistemas informáticos de la administración pública y los programas sociales. Se constituyen en intermediarios de las importaciones de bienes y servicios efectuados por el Estado y los particulares que se sirven de los mecanismos de financiamiento y soporte de operaciones públicas. Constituyen los principales y más cercanos “consejeros en seguridad nacional”; represión política; seguimiento de los efectivos militares incluyendo al alto mando de una Fuerza Armada hoy desmantelada, dividida y corrompida; además, sus servicios de inteligencia están enquistados en la policía política. NO AFRONTAMOS PROCESOS ELECTORALES O CONSTITUCIONALES,ESTE ES UN CONFLICTO POR LA LIBERACIÓN DE UN PAÍS QUE PERDIÓ SU SOBERANÍA Por supuesto,cualquier proceso que implique un cambio de régimen en Venezuela es de interésnacional para Cuba y los otros “Estados Invasores”, además de los gruposeconómicos delincuenciales transnacionales, insurgencia vecina y terrorismo quese constituyen en “potencias de ocupación”, con la aquiescencia de las FANB yde algunos sectores políticos afines al régimen. Para hacer más complejo elpanorama, debemos afirmar la interferencia directa de empresas transnacionalesy factores económicos de todo tipo que se han enriquecido ilícitamente a costadel sufrimiento del pueblo venezolano, traducido en una descomunal y complejaemergencia humanitaria. Todos estos intereses son enemigos de un proceso queculmine en la sustitución del régimen fallido que ha permitido una depredacióncomo nunca se había ejecutado en el Continente. Ante este cuadroque ha implicado el quiebre del alma nacional, la destrucción de valores y lasumisión de parte de la población ante la opresiva marginalidad a la que hasido sometida, los factores democráticos deben dar una respuesta marcada poruna toma de consciencia que parece inexistente ante el comportamiento público,la improvisación y las vergonzosas actuaciones de buena parte del liderazgopolítico del país. Y la mayor señal de esta madurez estaría en orden aldesplazamiento de sus propios intereses en aras de una integración real, nofingida, para hacer frente a tan poderoso enemigo. Todo proceso denegociación política debe estar signado por el resguardo de los principios ycondiciones que permitirían el acto de liberación a que hemos hecho referencia.Se trata de la búsqueda del respaldo internacional para forzar la expulsión delos intereses extranjeros presentes en Venezuela y que son un riesgo para laseguridad nacional de los países de la Región. Ahora bien, ante la realidad delEstado fallido, incapaz de proteger a su población y que la agrede con diversasmanifestaciones de violencia que vulneran de manera consciente el derechointernacional humanitario, procede la Responsabilidad de Proteger de laComunidad Internacional en el caso venezolano. Las organizacionesinternacionales, especialmente las vinculadas a las Naciones Unidas, debenabandonar las poses y vinculación con intereses que atentan contra la paz yestabilidad de nuestros pueblos activándose en el cumplimiento de sus funcionesen apoyo al Estado de Derecho; en especial, la intervención directa enVenezuela de OCHA, ACNUDH, FNUD, PNUD, PNUMA, ONU-Hábitat, ACNUR, UNICEF, OMS yel Banco Mundial, solo para ejemplificar. Dada lapostración, debilidad y parcialidad de la Fuerza Armada Nacional, contrariandoel mandato del artículo 328 de la Carta Magna, debe considerarse laparticipación del Departamento de Operaciones de Mantenimiento, de la Paz(DOMP) y el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (DAAT), enla misión política del resguardo de la necesaria salida electoral que será lasolución final del conflicto venezolano. Asimismo, para ejecutar la reformajudicial, penitenciaria y de la seguridad imprescindible para recuperar al paísde los grupos delincuenciales que lo someten, bajo cualquiera de susmodalidades: narcotráfico, terrorismo, mega bandas, guerrilla, paramilitares, ypara proteger a la población civil.SOBRE LAS CONDICIONES ELECTORALES IMPRESCINDIBLES A LASOLUCIÓN FINAL DEL CONFLICTO Consideramos quedeben concretarse las condiciones imprescindibles para participar en procesoselectorales. Desde esta perspectiva, las elecciones que permitirán larestauración democrática en Venezuela deben partir de los condicionamientossiguientes: a) Inmediata liberación de lospresos políticos que fueron privados de su libertad conculcando el debidoproceso y violentando sus derechos ciudadanos. b) Desmilitarización de un procesoeminentemente civil y desplazamiento del factor militar de la protección de losfactores que participen en el proceso electoral. c) Cumplimiento irrestricto de lascondiciones mínimas necesarias para la celebración de elecciones democráticas,libres, competitivas y universales en Venezuela que fueran presentadas alConsejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el 15 de febrerode 2019, por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de laSecretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la máxima instanciaregional. Además, la necesidad de una observación integral protagonizada por laUnión Europea y la Organización de Estados Americanos. d) Definición de un ConsejoNacional Electoral auténticamente independiente y que controle efectivamente alos órganos electorales subalternos. Esto implica la elección democrática de unPoder Electoral que garantice el equilibrio de los factores políticos actuantesen la sociedad. e) Definición de un espacioefectivo para el debate público despojado de la manipulación, presiones,censura, y control de los órganos gubernamentales. Lo que implica la garantíaal debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública y ellevantamiento a las restricciones al ejercicio de la libertad de pensamiento yde expresión consustanciales a cualquier campaña electoral. f) Conformación de un nuevoRegistro Electoral. g) Restitución de los mecanismosde financiamiento y las garantías de funcionamiento del sistema partidista;adicionalmente, el cese del secuestro de los recursos y la inhabilitación delos partidos políticos. h) Proscripción de la manipulaciónde los circuitos electorales y el diseño obstructivo y selectivo del proceso devotación garantizando el principio de intangibilidad. i) En el supuesto de utilizaciónde procesos automatizados, el respeto de las normas internacionales en materiade observación de los procesos electorales y, en especial, el sistema deauditorías que disminuya el riesgo de manipulación siempre presente en estosprocesos. Además, garantizar el respeto del proceso de retorno del material,resguardo de las urnas electorales y las actas para garantizar su proteccióndespués de la jornada electoral. Igualmente, preservar los mecanismos deseguridad sobre el acceso a la red, el sistema de identificación de huellas y decuadernos electorales, el hardware y software que serán utilizados en el actode votación y escrutinio. LA RESISTENCIA POLÍTICA ANTE LAS INMEDIATAS AGRESIONESDEL RÉGIMEN DE FACTO Constituye unacto de supervivencia política la definición de una nueva instanciaorganizativa y de dirección en el esfuerzo de resistencia mancomunada contra elrégimen de facto. La misma debe integrar a las organizaciones políticas ysociales con presencia ciudadana, y debe deslastrarse de aquellos factoreseconómicos que representan intereses contrapuestos al proceso de liberación quese plantea en Venezuela. Inclusive, urge la sustitución de aquellos que hasasumido la temática de las condiciones electorales y la representación de losfactores democráticos ante las sedicentes autoridades electorales. En la defensa delos derechos humanos fundamentales resulta vital la necesidad inmediata de lainstrumentación efectiva de los protocolos y expresas recomendaciones tanto dela OEA, en sus diferentes manifestaciones, como de la ONU, en materia delibertad de expresión, libertad de información. Especialmente el cese de laescalada represiva, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias,ejecuciones extrajudiciales, torturas, amenazas, congelamientos de cuentas sindebido proceso, a través de instrumentos dictatoriales incorrectamente llamadosleyes Antiodio y Antibloqueo, por parte de organismos policiales, militares,fiscales y un poder judicial sumiso, contra periodistas, trabajadores delsector salud, de la prensa, defensores DDHH, dirigentes comunitarios,sindicalistas e infociudadanos. En el marco de esta escalada represiva eldespotismo, con su hegemonía comunicacional, adelanta campañas de descrédito ymanipula la información sobre el colapso de los servicios públicos y eldesarrollo de la pandemia, con el propósito de silenciar el derecho de lascomunidades a estar debidamente informadas, sin censura. En cuanto a lapervivencia de la Asamblea Nacional legitimada en el año 2015, los principiosaxiológicos del derecho constitucional definen la inexistencia de un actoelectoral el 6 de diciembre de 2020. Invocamos como acto de legitimación yconsolidación institucional las decisiones de carácter vinculante asumidas el16 de julio de 2017 y el 12 de diciembre de 2020, bajo la forma de referendopopular convocado de acuerdo con los parámetros del artículo 70 de laConstitución. Al no serreconocido el evento del 6 de diciembre pasado, ni por el pueblo de Venezuelani por la comunidad internacional, tampoco se produjo el efecto de larenovación constitucional, y se materializa una situación que se enclava en unestado de necesidad que refleja la pervivencia de las funcionesconstitucionales atribuidas a la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Estoserá así hasta tanto se produzca la restauración democrática y una elección quecumpla los parámetros que permitan su reconocimiento en todos los ámbitos,nacional e internacional. Dada lacircunstancia de existencia de un régimen de facto que usurpa las funcionesconstitucionales de los Poderes Públicos, los factores democráticos no puedencontraponer idéntica irregularidad. La gravedad de la crisis que afronta elpueblo de Venezuela deviene de una coyuntura en la que se ha desmontado elaparato institucional del Estado, en la que lo social y económico se constituyeen la mecha del explosivo desintegrador. Una situación que presenta un “desmontamientocultural y moral”, en el que se invierten valores. Un marco barbárico en el quese define un Estado Forajido que violenta los derechos ciudadanos y seinfringen los principios más elementales que ordenan la naturaleza de lascosas. Un “narcoestado”, tal como afirma el Secretario General de la O.E.A. enuno de sus informes. Ante esta dramática situación, el artículo 333 de la CartaFundamental ha sido activado. Constituye un impretermitible deber ciudadano,estén estos investidos o no de autoridad, asumir la defensa, protección ygarantía de la constitucionalidad. Partefundamental del liderazgo político, aún hoy, no visualiza que el régimen defacto utiliza a la Constitución distorsionándola como un ariete contra lalibertad. Solo vale y se usa para estabilizar un régimen ilegítimo de origen yde accionar. Se utiliza el engañoso argumento de la literalidad del TextoFundamental para afirmar que lo no escrito no existe; olvidando la sustancia,la historia y justificación de un derecho que nació para dar vida, libertad ypropiedad al ser humano. Un derecho cuyo soporte inicial fue la soberanía delPueblo y la rebelión, causa y origen de la Revolución Francesa y lasrevoluciones en América. Y, por ahora, solo la Asamblea Nacional representa esasoberanía. Este es el punto principal para interpretar la Constitución en labúsqueda de las soluciones que no pueden estar escritas porque estamos bajo unesquema de “Necesidad Constitucional”. Para concluir,debemos afirmar que, quizás, el efecto primario de la convocatoria del procesoque culminó con el evento ejecutado el 6 de diciembre de 2020 es la definitivaruptura del orden constitucional y la certificación internacional deilegitimidad de los usurpadores de la soberanía popular. MIEMBROS DE LA CÁTEDRA DERECHO CONSTITUCIONAL30 de diciembre de 2020Prof.Tulio ÁlvarezJefede Cátedra, Escuela de Derecho Prof.Nelson Chitty La RocheJefede Cátedra, Escuela de Estudios Políticos y Administrativos Prof.Isabel Cecilia EstéJefe de Cátedra, Escuela de Estudios Internacionales

Prof.Oscar ArnalProf.Alberto Blanco-UribeProf.Leonel Alfonso FerrerProf.Gerardo FernándezProf.Julio César Fernández Toro Prof.Jesús González BethencourtProf.Jhuan MedinaProf.Andrés Raúl PáezProf.Manuel Rojas Pérez

[1] Este poema,“Cuando los nazis vinieron...”, fue un sermón ¿Qué hubiera dichoJesucristo?, pronunciado por Martin Niemöller, en la Semana Santa de 1946, en Kaiserslautern, Alemania.[2] ONU. Consejo de derechos Humanos. Misión Internacional Independiente dedeterminación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela:Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente dedeterminación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.Disponible en:https://www.ohchr.org/.../FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf.[3] Organization of American States. General Secretariat: Informe dela Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panelde Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión decrímenes de lesa humanidad en Venezuela. Disponible en:http://oas.org/.../Informe-Panel-Independiente... Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe Anual 2019.Capitulo IV. Disponible en:http://oas.org/.../2019/docs/IA2019cap4bVE-es.pdf.[5] The Office of the Prosecutor: Informe sobre las actividades deexamen preliminar 2020. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/.../2020-pe-report-ven-i-spa.pdf.[6] La cifra de desplazados en todo el mundo se dobla en apenas diezaños: La crisis en Venezuela:“A principios del decenio, solohabía 6.700 refugiados venezolanos. En los últimos años, tras el deterioro delas condiciones políticas, socioeconómicas y de derechos humanos en el país, elnúmero de venezolanos desplazados al extranjero aumento vertiginosamente”,señala el informe. A finales del decenio, losvenezolanos constituían el segundo grupo más grande, con 93.300 refugiadosreconocidos y otros 3,6 millones de desplazados en el extranjero. Además, afinales de 2019 había 794.500 solicitantes de asilo venezolanos. La Agenciacalcula que Estados Unidos registró durante la última década 1,7 millones desolicitudes de asilo, una situación que manifiesta “el deterioro de laseguridad, la violencia y la situación socioeconómica en zonas de Venezuela yCentroamérica”. La inestabilidad en Venezuela también propició un fuerteaumento de solicitudes de asilo en Perú que se convirtió en 2019 en el segundoreceptor más importante de ese tipo de peticiones de amparo a nivel mundial, sibien Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados venezolanos,ya que alberga 1,8 millones.[7] “Reporte Nacional: Emergencia humanitaria compleja en Venezuela,derecho a la alimentación:Venezuela pasa por unaEmergencia Humanitaria Compleja desde 2015 que compromete severamente elderecho humano a la alimentación de sus 31.8 millones de habitantes y especialmentede las poblaciones y comunidades en extrema pobreza por los efectos del hambrey la desnutrición. Actualmente, se encuentra entre los países del mundo congrave inseguridad alimentaria. El derecho humano al acceso, disponibilidad yutilización de los alimentos, en la cantidad y calidad necesaria para unconsumo adecuado1, se ha hecho imposible para la mayoría de los venezolanos,trayendo como consecuencia un acelerado deterioro nutricional de la población,siendo más afectados los niños y niñas, las embarazadas, las personas de edad,las personas en condiciones crónicas de salud y las personas que se encuentranrecluidas o en zonas de difícil acceso geográfico. La falta de nutrientes,calorías y proteínas entre la concepción y el final de los 2 años de vida,representa una amenaza para el crecimiento y desarrollo físico, mental y socialde las nuevas generaciones…” Observatorio Venezolano de la Salud. Disponibleen; https://www.ovsalud.org/.../reporte-nacional.../.[8] Transparencia Internacional. Corruptómetro: La corrupción enVenezuela se mide en millones de barriles: “El sector petrolero ha sido fuentede riqueza nacional pero también del enriquecimiento de unos pocos funcionariospúblicos y empresarios vinculados al poder. Según el Corruptómetro, 92 de 236casos de irregularidad administrativa corresponden a la gestión del petróleo enVenezuela, lo que representa 81% ($42 mil 321 millones) de un total de $52 mil98 millones envueltos en malos manejos de los fondos públicos…” Disponible en: https://corruptometro.org/.../la-corrupcion-en.../.[9] Centro Gumilla. Revista SIC: Camimpeg: las Fuerzas Armadas y elArco Minero del Orinoco. Disponible en: https://revistasic.gumilla.org/.../camimpeg-las.../.[10] Zona definida en el artículo 2° del Decreto N° 2.248, mediante elcual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero delOrinoco”, publicado en la Gaceta Oficial N° 40855 del 24 de febrero de 2016. Enel Informe sobre la situación del Arco Minero y la Emergencia HumanitariaCompleja en Venezuela, emanado del Despacho del Comisionado para laOrganización de las Naciones Unidas, en noviembre de 2019, se afirma en cuantoa la producción minera que “con elobjetivo de legitimar la producción de oro, Maduro instaló 54 nuevas plantas enel Arco Minero a finales del 2018, con financiamiento tanto público comoprivado. Estas se encuentran esparcidas a lo largo del territorio para aumentarla productividad, sin embargo, sus locaciones legales son desconocidas, aexcepción de la primera que fue inaugurada en noviembre de ese año concapacidad inicial de 45 kilos mensuales de oro, con expectativa de crecimientode hasta 90 kilos para el mes de junio. El ingreso promedio de la planta seestima en 11.2 millones US$. En octubre de 2018, se instaló la primera plantade concentración de coltán con la mayor producción de Latinoamérica (160toneladas), y una inversión de 3.5 millones US$. Existen sospechas sobre suverdadera capacidad de producción y la verdadera relación entre inversión yganancias. Con respecto a la producción de otros minerales, la producción serealiza a través de la alianza con actores estatales externos. En marzo de2019, Maduro anunció la alianza de 154 grupos de minería artesanal con Palestina.En abril de 2019, Rusia reveló su inversión en la producción de Níquel en elEstado Aragua”. Sobre la participación rusa en esta área, el Ministerio delPoder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME) anunció que desde el mesde marzo de 2019 se activaría un Fondo Rotatorio Minero por 17.8 millones deUS$ con recursos rusos para “hacer frente a la guerra económica”.[11] La relación con China constituye el paradigma de entrega de losrecursos nacionales y enajenación anticipada del interés general a cambio delfinanciamiento al Estado forajido y fallido sobre la base del esquemaanteriormente planteado. En su momento, dado el control absoluto que tenía elrégimen sobre la Asamblea Nacional, se produjeron los siguientes actos: a) LeyAprobatoria del Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y laRepública Popular China sobre la Cooperación para el Desarrollo del BloqueJunín 4 en la Faja Petrolífera del Orinoco, publicada en la Gaceta Oficial N°39527 de fecha 8 de octubre de 2010; b) Ley Aprobatoria del AcuerdoComplementario al Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobiernode la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República PopularChina para el Desarrollo de los Sistemas del Sector Eléctrico, publicada en laGaceta Oficial N° 39527 de fecha 8 de octubre de 2010; c) Ley Aprobatoria delSegundo Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre el Gobierno de la RepúblicaBolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre elFondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano, publicado en la GacetaOficial N° 39927 de fecha de 22 de mayo de 2012; d) Ley Aprobatoria del Acuerdode Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y elGobierno de la República Popular China. Publicado en la Gaceta Oficial N°40.205 de fecha 11 de julio de 2013; e) Ley Aprobatoria del Acuerdo deCooperación en Materia de Hidrocarburos, Petroquímica y Minera entre elGobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la RepúblicaPopular China. Publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de2013; f) Ley Aprobatoria del Cuarto Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre elGobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la RepúblicaPopular China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano.Publicada en la Gaceta Oficial N° 40.516 de fecha 10 de octubre de 2014; y g)Ley Aprobatoria del Convenio de Cooperación Técnico Militar en Ciencia,Tecnología, Producción e Innovación para la Defensa Nacional entre el Gobiernode la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República PopularChina. La red de entes y empresas gubernamentales han estado encabezadas porChina Development Bank Corporation de la República Popular China, ChinaDevelopmen Corporation, el Banco deDesarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), China National United OilCorporation (CNUOC) y Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). Los conveniosobligaban a PDVSA, en un plazo máximo de 10 años, a vender 200 mil barrilesdiarios de petróleo a CNUOC en 2010, los cuales se incrementaron a 250 milbarriles al año siguiente y a 330 mil barriles desde el año 2012 hasta lafecha, como un reflejo de mayor endeudamiento. Como aspecto colateral, se diopreferencia a las empresas chinas en todo tipo de contrataciones; especialmenteen operaciones petroleras y mineras, en el sistema eléctrico nacional,importación de alimentos, insumos y tecnología. La garantía del endeudamientocriminal es Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo del mundo,calculadas en 300.000 millones de barriles de petróleo.[12] El esquema ruso fue similar al Chino, aunque estos últimos tienenun esquema de predominio más sofisticado. Durante el periodo de controlinstitucional del régimen sobre la Asamblea Nacional fueron aprobados lossiguientes actos: a) Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación entre elGobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de laFederación de Rusia en Materia de Educación Universitaria, publicada en laGaceta Oficial N° 39527 de fecha 8 de octubre de 2010; b) Ley Aprobatoria delAcuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana deVenezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia en Materia de Transporte einfraestructura de Transporte, publicada en la Gaceta Oficial N° 39528 de fecha11 de octubre de 2010; c) Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de laRepública Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de RusiaSobre Cooperación en Materia Agrícola, publicada en la Gaceta Oficial N° 39528de fecha 11 de octubre de 2010; d) Ley Aprobatoria del Convenio entre elGobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de laFederación de Rusia sobre el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia deDocumentos y Títulos, Diplomas y Certificados de Educación, publicada en laGaceta Oficial N° 39528 de fecha 11 de octubre de 2010; e) Ley Aprobatoria delAcuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y elGobierno de la Federación de Rusia Sobre la Cooperación para el Desarrollo delPrograma Nucleoeléctrico en la República Bolivariana de Venezuela, laConstrucción y Operación de un Reactor de Investigación para la Producción deRadioisótopos de Usos Pacíficos en Medicina e Industria y de una CentralNucleoeléctrica en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela,publicada en la Gaceta Oficial N° 39.558 del 23 de noviembre de 2010; f) LeyAprobatoria del convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana deVenezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Cooperación yAsistencia Mutua en Materia de Aduanas, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.017Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 2010.[13] Se reedita la maniobra de aprobar un convenio marco para despuésalegar la ejecución de este para liberar de controles los nuevos compromisosque catapultan el monto del compromiso y el consecuencial daño al patrimoniopúblico. Por ejemplo, la fórmula aplicada con China fue el otorgamiento depréstamos a cambio del suministro de petróleo bajo el manto del Acuerdo sobreCooperación y financiamiento a largo plazo suscrito que sería aprobado por unaAsamblea Nacional sometida y controlada absolutamente por el régimen medianteLey publicada en la Gaceta Oficial N° 39511 de fecha 16 de septiembre de 2010.

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