Correo del Caroní

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Wed, 21 Oct 2020 18:40:29 -0400

Nuevamente se disparan todas las alarmas nacionales e internacionales por otro grave atentado contra la libertad de información, contra la prensa libre, derivado al acoso, al hostigamiento, al allanamiento por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional el lunes 12-10-2010 a la casa del director de Correo del Caroní, David Natera Febres, ubicada en Puerto Ordaz, y el martes 19-10-2020, luego de 6 horas es realizado otro allanamiento, en la sede de dicho diario, deteniendo de forma arbitraria funcionarios del SEBIN, a la secretaria del director del medio, Susana Reyes, a la periodista María Ramírez Cabello, además de no permitir el ingreso del representante legal del medio de comunicación. 

 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresamente reconoció (en su informe presentado el 04-07-2019) la hegemonía comunicacional existente en Vzla, con docenas de medios impresos cerrados (2018 y 2019),  detenciones de periodistas,  corresponsales expulsados, centenares de periodistas venezolanos exiliados.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) el día 23-03-2020,se pronunció, apoyando la noble labor de los medios de comunicación, de los periodistas y profesionales afines, cuya esencia ilumina el camino hacia la verdad, para combatir la censura, y los tentáculos de la opresión, bajo una pluma que construya y no destruya.

En fecha 6-4-2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó su Informe Anual (2019), en donde 3 países, no por casualidad Nicaragua, Cuba y Venezuela, salieron raspados en DDHH, especialmente por la violación sistemática en contra de la libertad de expresión, libertad de información y prensa libre.

La tiranía en Venezuela imparte ordenes detalladas, omitiendo deliberadamente el respeto de derechos humanos fundamentales, contrariando la Ley del Ejercicio del Periodismo, violando garantías de rango constitucional, como el debido proceso, la presunción de inocencia,  la tutela judicial efectiva, derecho a nombrar abogados particulares, jueces y fiscales imparciales (que no gozan de idoneidad), derecho a la defensa, del derecho a no estar incomunicados, del derecho por parte de los imputados a saber qué se investiga, del derecho a poder promover pruebas, entre otros graves vicios.

 

Desde el año 2004 hasta el 2019, se han cerrado en Venezuela: 165 emisoras de radio, 18 canales de televisión y 42 periódicos, según la ONG Espacio Público.

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el día 2-07-2020, un resolución en donde catalogó al periodismo en Venezuela como una profesión de riesgo, y considera a la dictadura que está sistemáticamente llevando adelante una política de restricción y vulneración al derecho a la libertad de expresión, información, libre pensamiento, contra el ejercicio del periodismo (4108 ataques sistemáticos que se han perpetrado desde 1999), generando cierre de periódicos, así como el hostigamiento, persecución, encarcelamiento, deportaciones, todo tipo de acoso y presiones a los periodistas que buscan la noticia o emiten su opinión.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en las conclusiones de su informe presentado (julio 2020), constató que los periodistas, medios de comunicación, y los defensores DDHH siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública, restricciones de espacio cívico, procesos penales intentados en su contra, por lo que recomendó  expresamente (literales a, b, d), garantizar que las medidas excepcionales bajo el "estado de alarma" sean estrictamente necesarias, proporcionadas, limitadas en el tiempo, sujetas a supervisión y revisión independientes, además de hacer “plenamente efectivo” los derechos a las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación pacífica, así como los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos políticos. 

Este nuevo allanamiento contra el Diario El Correo del Caroní, a través de organismos de seguridad, incumple  la recomendación de la representante ACNUDH, contenida en el literal “d” del párrafo 86, dirigida a la tiranía: “Abstenerse de desacreditar a los profesionales de los medios de comunicación, y adoptar medidas eficaces para protegerlos, entre ellas la adopción de un protocolo especializado para investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos.”

Recordemos que aún bajo estado de alarma, bajo estado de excepción no pueden ser afectados el quinteto de derechos constitucionales, referidos: a) la libertad de expresión de pensamientos, b) el derecho a comunicar, c) derecho a desarrollar medios de comunicación, d) derecho a recibir información (oportuna, veraz e imparcial), d) y el derecho a responder o corregir una información inexacta o agraviante.

El régimen totalitario, convertido en estado fallido, desconoce deliberadamente las tendencias jurisprudenciales emitidas por el sistema interamericano de justicia, según casos ya sentenciados por la CIDH, tales como: Herrera Ulloa en Costa Rica, La Ultima Tentación de Cristo en Chile, Tristán Donoso en Panamá, y especialmente la condena al estado venezolano, del 30 de agosto del 2019, (Caso Profesor Alvarez Ramos), en donde se prohíbe restringir el derecho a la información, respetar las garantías del debido proceso sin poder silenciar el derecho de las comunidades a estar debidamente informadas, invocando abusivamente la noción de “orden público” bajo “delitos de odio”.

Frente al despotismo en Venezuela, se mantiene el principio Nº 13 de la Declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada por la OEA, sobre libertad de expresión, en el sentido, que  la utilización del poder del Estado  con el objetivo de presionar, castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores en función de sus líneas ideológicas,  presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales, son incompatibles con la libertad de expresión.

Posee vigencia además, la  opinión consultiva No. 5-85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció expresamente la importancia de la libertad de expresión para la existencia de una sociedad democrática, que implica una manifestación de pluralismo y tolerancia frente a opiniones minoritarias.

La trilogía que hoy arremeten contra el Diario El Correo del Caroní, son los mismos señalados en el informe (pág 44, 46 y 81),   titulado de la “Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela”, ordenado desde septiembre de 2019, publicado en septiembre del presente año, y aprobado el 06-10-2020 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, específicamente: la falta de independencia del poder judicial, los fiscales que ocupan “puestos de confianza” , que pueden ser nombrados (y destituidos), y especialmente  los servicios de inteligencia que se encargan de realizar las primeras investigaciones de los disidentes objeto de la represión, de detenerlos, interrogarlos y encarcelarlos.

Sin embargo, es un deber ciudadano defender la vigencia de la libertad de prensa, libertad de información, que guarda relación directa con el ejercicio de la libertad de expresión, sin fronteras,  amparados especialmente por el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, y especialmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por sus artículos 57, 58, 132 y 337, cuyas garantías no pueden ser restringidas en estados de excepción, bajo ningún motivo.

Nuestro respaldo al pronunciamiento público emitido el día 20-10-2020, por la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, presidida por el Lic. Tinedo Guía, que ha denunciado ante la comunidad internacional este grave atentado en contra de la libertad de información, entre otras violaciones sistemáticas DDHH, exigiendo categóricamente que cesen los ataques contra el Diario El Correo del Caroní, contra la prensa libre e independiente, respaldando el derecho a estar debidamente informados, sin censura, así como la defensa permanente de los periodistas, en la noble labor que realizan en materia de escrutinio público sobre asuntos de interés general que no pueden ser ocultados.

Twitter @andresraulpaezp

Por Andrés Raúl Páez
Consultor Jurídico del Colegio Nacional de Periodistas

Fuente.  https://www.caraotadigital.net/opinion-1/correo-del-caroni?fbclid=IwAR0-ecwDMaek8i1IhQmDy9gsJCIpGyxe36Z52XvTKgg2T6A3k03e2KLxaLk

 


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