DDHH EN ROJO

Por:
Sat, 27 Mar 2021 17:24:55 -0400

 

 

Hace un año fue publicado (13-03-2020), en Gaceta Oficial extraordinaria No. 6519, el Decreto No. 4160 mediante el cual se declaró el estado de alarma para atender la emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19), invocando disposiciones de la Carta Magna, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, la Ley de Medicamentos y otros instrumentos.

En principio, a pesar de las constantes matracas, está autorizado el libre tránsito, de personas que estén trabajando en cualquiera de los sectores plenamente identificados: agroalimentario, salud, transporte, farmacéutico, servicios básicos, telecomunicaciones, de apoyo, energético, emergencias o citas médicas y el de los medios de comunicación.

Todas las autoridades civiles y militares, de cualquier jerarquía, especialmente los cuerpos de seguridad, están obligados a respetar lo que expresamente la Constitución Nacional en sus artículos 19, 43, 46, 49, 57, 58, 61 y 337, establecen que más allá de restringir temporalmente las garantías de libre circulación, mediante la declaratoria de un estado de alarma, no pueden ser afectados bajo ningún concepto, los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, la libertad de expresión, libertad de información, prensa libre, protestas pacíficas, y los demás derechos humanos intangibles, que han sido objeto de conquistas de luchas ciudadanas ancestrales.

Recordemos los alertas del Colegio Nacional de Periodistas, emitidos el 30-12-2020, conjuntamente con la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, y posteriormente el día el 14-01-2021 denunciando la Junta Directiva del CNP presidida por el Lic. Tinedo Guia, más de 944 violaciones al derecho de la libertad de expresión durante el año 2020, con más 122 detenciones arbitrarias, en su mayoría de periodistas, trabajadores de la prensa e infociudadanos, el cierre en la última década de más de 165 emisoras de radio, 18 canales de televisión y 42 periódicos (hasta el 2019).

Igualmente es necesario destacar las denuncias oportunas por parte del Sindicato Nacional de trabajadores de la Prensa, de Espacio Público, de IPYS, PROVEA, COFAVIC, entre otras ONG.

El historial de violaciones es muy largo, diversos medios, tales como: VPI, Vivo Play, Diario Panorama, Efecto Cocuyo, Radio Fe y Alegría, Tal Cual, El Pitazo, Caraota Digital, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, campañas de desprestigios, contra ONG como Provea, Azul Positivo, Provea, Acceso a la Justicia, Cofavic, Control Ciudadano, Crónica Uno, Punto de Corte, y otras que han sido víctimas de actos de violencia, hostigamientos, cierres arbitrarios, amenazas, que en definitiva generan censura y todo un entorno hostil para que no divulgue la realidad de lo que ocurre en Venezuela.

El 5-02-2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), rechazó las recientes agresiones efectuadas a los medios de comunicación y periodistas venezolanos.

Hace poco, el 17-03-2021 se realizó un excelente foro titulado “Quítate La Mordaza”, organizado por los equipos Un Mundo Sin Mordaza, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Alberto News, El Pitazo, con la participación de los periodistas Rodrigo Diamanti, Marianella Balbi, Alberto Rodríguez, Cesar Batiz, y Kevin Arteaga, quienes de forma muy inteligente, con argumentos, cifras, hechos, expusieron diversas denuncias, sobre la violación sistemática DDHH en materia de libertad de expresión, libertad de información y prensa libre en Venezuela, derivado de bloqueos a portales digitales, hostigamientos, amenazas, criminalización, desacreditación.

En este orden de ideas, el 24 de marzo las efemérides nos sorprenden con el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”. Bajo esta concepción el régimen de tendencia totalitaria imperante en Venezuela lleva la batuta en América Latina.

Veamos algunos Datos:

Según el equipo del Foro Penal existen 320 presos políticos, de los cuales hay 197 civiles y 123 militares, sin excluir a más de 9.000 personas que se mantienen sujetos a medidas restrictivas de libertad, es decir, sin un debido proceso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante un comunicado de prensa publicado el 24-03-2021, insta a Venezuela a abandonar definitivamente el juzgamiento de civiles por parte de la jurisdicción penal militar, ya que desde el 1 de enero de 2014 hasta la presente fecha, al menos 870 civiles han sido presentados ante la jurisdicción militar.

Destaca la Corte Interamericana el año 2020 el caso del líder sindical Rubén González, juzgado y condenado por tribunales. En el año 2018, el médico cirujano Iván Marulanda que fue detenido y presentado ante tribunales militares en Fuerte Tiuna, preso por 2 años. En 2017, el TSJ de la tiranía consideró al diputado Gilber Caro como que no poseía inmunidad parlamentaria (por tratarse de un diputado suplente), autorizando otra detención y juzgamiento ante la jurisdicción penal militar por traición a la patria.

Desde esta perspectiva la propia CIDH denuncia que el uso de la jurisdicción penal militar en Venezuela (intensificado durante los episodios de protestas del 2017), más de 750 personas civiles que fueron presentadas ante jurisdicción penal.

No podemos olvidar al periodista Roland Carreño, desaparecido forzosamente y quien tiene detenido arbitrariamente más de 150 días, con la injusta imputación de los graves delitos de “financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de arma de guerra”. Otros periodistas, sin razón y por cumplir con su trabajo fueron también víctimas de mazmorras: Darwinson Rojas, Ana Belén Tovar, Arnaldo Sumoza, Elides Rojas, Marco Antoima, Mimi Arreza, Carol Romero y Eduardo Galindo Peña.

El despotismo en Venezuela sigue sin cumplir las recomendaciones expresas del informe elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, publicado el 2-07-2020, especialmente en cuanto a que “los periodistas y los defensores DDHH siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública, restricciones de espacio cívico, procesos penales intentados en su contra”, igualmente a que las medidas excepcionales bajo el "estado de alarma" sean estrictamente necesarias, proporcionadas, limitadas en el tiempo, sujetas a supervisión y revisión independientes, además de hacer “plenamente efectivo los derechos a las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación pacífica, así como los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos políticos”.

Recientemente (24-03-2021) fue detenido arbitrariamente durante más de 5 horas el dirigente vecinal Jairo Pérez en la parroquia La Vega, por protestar pacíficamente porque su comunidad no tiene agua, aunque fue liberado posteriormente gracias a la intervención de un valeroso sacerdote, y diversas ONG con trabajo social comprobado ¿acaso denunciar y protestar pacíficamente la escasez de un servicio público básico es un delito?

Por otro lado, acabamos de escuchar en video conferencia, la defensa brillante de un trabajo de ascenso como titular de un destacado profesor de la UCV, de Derecho Penal, el Dr. Carlos Simón Bello Rengifo, sobre el ”Derecho Penal Económico y sus fundamentos constitucionales”, cuyo jurado coordinado por el Dr. Alberto Arteaga Sánchez, Ex Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y los Dres. Ramón Escovar León e Iván Figueroa, en donde resaltaron algunas reflexiones en la investigación, vinculadas a la defensa efectiva DDHH, especialmente los principios de la república federal y del derecho penal contenidos en la Carta Magna, que rechazan la visión militarista autoritaria, y en este sentido se invoca que “solo hay normas cuando hay valores y principios por proteger, de lo contrario son simplemente órdenes.”

Ahora bien, ¿por qué se siguen amenazando, criminalizando, a periodistas, infociudadanos, dirigentes comunitarios por denunciar a funcionarios públicos que no rinden cuentas y cometen atropellos cotidianos contra ciudadanos indefensos, ante el colapso de los servicios públicos básicos y la defensa efectiva de los derechos humanos fundamentales?

Definitivamente la respuesta va encaminada al reconocimiento de la verdadera naturaleza de un régimen de tendencia totalitaria, populista, que no le importa discriminar en materia de vacunación, excluyendo la prioridad de los trabajadores del sector salud, a la grave circunstancia que Venezuela no posee cobertura de diagnósticos efectivos a nivel nacional, en tiempos de pandemia, de ocultar las verdaderas estadísticas de contagios y fallecimientos por coronavirus, rechazando la experticia de la Academia Nacional de la Medicina, gremios, expertos, sociedad civil organizada e investigadores, sumándole ahora afectar o restringir la entrada de vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, bajo factores ideológicos, además de la afectación de la autonomía universitaria, en los últimos quince años, a través de la agonía deliberada, cerco presupuestario, para aniquilar una educación libre, integral, de calidad, respetuosa de la diversidad de pensamiento.

No obstante cualquier autoridad, gocen o no de legitimidad, deben comprender que están sometidos al permanente escrutinio público, de la comunidad internacional, organismos regionales de administración de justicia, mediante el respeto de derechos humanos fundamentales, tratados internacionales, como la libertad de prensa, libertad de información, que guarda relación directa con el ejercicio de la libertad de expresión, sin fronteras, amparado especialmente por el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, por la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y especialmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Declaración Universal de los Derecho Humanos, y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, así como el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protegen la labor de los periodistas e infociudadanos y la defensa de los derechos humanos fundamentales. Informar no es delito.

Crece el cúmulo de pruebas, hechos, argumentos, trámites, estados democráticos, que se suman a las denuncias ante la Corte Penal Internacional por diversos delitos de lesa humanidad. Ciertamente la justicia aunque tardía llegará, y ni el dinero, ni la impunidad, ni los testaferros impedirán su resultado.

 

Por Andrés Raúl Páez Consultor Jurídico CNP

Twitter @andresraulpaezp

 


-