Detenciones arbitrarias

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Thu, 13 Aug 2020 15:53:52 -0400

Por Andrés Raúl Páez
Consultor Jurídico CNP

Leo con estupor noticias y videos recientes del 29-07-2020, provenientes del Estado Táchira, a través del periodista Obeysser Prada, en donde someten a jóvenes a “trabajos forzados” bajo la mirada complaciente de funcionarios policiales en el Municipio Torbes, para realizar con palas, desmalezamiento en una carretera (troncal 5), con carteles pegados en la espalda de mujeres que rotulan “Por no usar tapabocas tengo que hacer trabajo comunitario” con logo y sello del ayuntamiento, luego de ser “aprehendidas” o “sorprendidas” en el casco central de San Josecito, y la policía declarar de forma irregular son “puestas al trabajo comunitario.”

Igualmente  desde el Municipio Guásimos, zona montañosa del Estado Táchira a 11 km de San Cristóbal, el citado comunicador social, publica un video en donde se observa  un funcionario de la GNB frente a 3 jóvenes (que pueden ser menores de edad), obligándolos a realizar ejercicios físicos (planchas) y repetir simultáneamente la consigna  “no debo estar en la calle, quédate en la casa, la Guardia Nacional está haciendo cumplir el decreto presidencial sobre la pandemia el Covid 19.”

Tales aberraciones policiales, avaladas por jefes de organismos municipales, ayuntamientos, y por autoridades de la Guardia Nacional, constituyen delitos, por privación ilegítima de la libertad (Art 176 Código Penal), por vía de abusos, que deberían ser investigadas por la Defensoría del Pueblo, por el Ministerio Público, para que la administración de justicia se pronuncien, con magistrados imparciales, idóneos, determinando sus responsabilidades, y especialmente que no se multipliquen actos de barbarie, en perjuicio de ciudadanos, con la violación de derechos humanos fundamentales, que aún bajo estado de excepción no pueden ser restringidas por mandato constitucional.

El Decreto N° 4.160, del 13 de marzo de 2020, publicado en G.O. No. 4160, mediante el cual se declaró el estado de alarma y emergencia permanente, comprende 36 artículos y 12 disposiciones finales que regulan la materia.

 

El artículo precisa 11 grupos que no suspenderán actividades: servicios públicos, combustibles, sector salud, medicamentos, farmacias, traslado de valores, insumos médicos, producción alimentos, actividad portuaria, transporte agua, expendio de gas combustible, aeropuertos, sistema nacional agroalimentario 

Dado los efectos devastadores a nivel mundial de la pandemia, el artículo 10 del decreto analizado, contempla el uso obligatorio de mascarillas que cubran la boca, nariz, y la suspensión de un listado de actividades (escolares, académicas, espectáculos públicos, parques, playas, vuelos, puertos, aeropuertos, otros) contenidas en los artículos 11 al 22, que ameritan una serie de protocolos a nivel médico, en materia de salud, comercio, industrias y finanzas.

Consideramos oportuno analizar el alcance del artículo 26 del decreto de estado de alarma  que dispone: 

“En todo caso, ante la negativa de cumplimiento voluntario por parte de la persona obligada a permanecer en cuarentena o aislamiento, las autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana, salud y defensa integral de la nación deberán tomar todas las previsiones necesarias para mantenerlo en las instalaciones médicas o las que se dispongan para tal fin, en sus residencias o bajo medidas alternativas especiales, si fuere autorizado, o trasladarlo a alguno de dichos lugares si no se encontrare en alguno de ellos.”

Entendemos que la normativa anterior se refiere a los pacientes sospechosos de haber adquirido coronavirus, o sus familiares, de su entorno laboral, por cualquier contacto o relación, que obligan a un aislamiento de 2 semanas.

Además el artículo 28 establece que: “Los órganos de seguridad pública quedan autorizados a realizar en establecimientos, personas o vehículos las inspecciones que estimen necesarias cuando exista fundada sospecha de la violación de las disposiciones de este Decreto.

En todo caso, deberán tomar las medidas inmediatas que garanticen la mitigación o desaparición de cualquier riesgo de propagación o contagio del coronavirus CONVID-19 como consecuencia de la vulneración de alguna de las medidas contenidas en este instrumento o las que fueren dictadas por las autoridades competentes para desarrollarlo.

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz deberá establecer los parámetros de actuación adecuada aplicables a la situación particular que plantea la atención de la epidemia del coronavirus COVID-19.”

Finalmente las disposiciones finales segunda y tercera desarrollan lineamientos dirigidos a  la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, central y descentralizada, en materia sanitaria, y de seguridad ciudadana en lo que respecta al mantenimiento del orden público,  la protección de las personas incursas en su incumplimiento.

Ahora bien, ¿pueden funcionarios municipales, policiales o militares imponer “sanciones” restrictivas de libertad personal, y “trabajos forzados” en materia de supuesto incumplimiento por pandemia bajo estado de alarma?

A la luz del mandato constitucional contenido en los artículos 49 (numeral 6), 156 (numeral 32), 187 (numeral 1), 337 y 339, sin lugar a dudas, ninguna persona puede ser sancionada por actos y omisiones que no han sido previstos como “delitos”, “faltas” o “infracciones” en leyes preexistentes, únicamente promulgadas por la Asamblea Nacional,  en sintonía con el mandato expreso de artículo 7 de la Ley Orgánica de los Estados de Excepción, especialmente de los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,  cuyos instrumentos garantizan que no pueden ser restringidos derechos humanos fundamentales, en materia de libertad personal, de la integridad personal, física, psíquica y moral, ni el debido proceso, ni la libertad de pensamiento ni la libertad de información.

Desde nuestra perspectiva el único que puede “imponer una sanción” que esté previamente definida como delito o falta (nullum crimen nulla poena sine lege),  en casos de “arrestos” de tal naturaleza, según la previsión del numeral 6 del artículo 49 de la Carta Magna, en concordancia con el artículo 1 y 483 del Código Penal, que contempla la “falta de desobediencia a la autoridad“,  es un magistrado de la república, concretamente un juez de primera instancia en funciones de juicio,  según el procedimiento de faltas, previsto por el Código Orgánico Procesal Penal, tomando la previsión que además existe la prohibición en la sanción (arresto) conocida por dicho juez, según el artículo 17 del Código Penal, que el “condenado” no puede trabajar en contra de su voluntad.

Por supuesto que un aspecto a considerar es la “competencia del organismo para imponer una sanción de arresto”, y otra, es el “conocimiento ante la comisión de hechos punibles por flagrancia”, cuyas detenciones por delitos o faltas deberán ser revisadas por un juez de primera instancia en funciones de control, dentro de las primeras 48 horas de las aprehensiones practicadas. 

 

Nos preguntamos, en materia de detenciones arbitrarias contra defensores DDHH, periodistas, ONG, dirigentes del sector salud, infociudadanos ¿se están respetando las garantías constitucionales que amparan la libertad personal, la libertad de expresión, libertad de información, la prohibición de realizar trabajos forzados en contra de la voluntad de los detenidos bajo estado de alarma en Venezuela?  

Los diversos informes que han sido recogidos por ONG especializadas, como Provea, Cofavic, Foro Penal, Espacio Publico, Acceso a la Justicia, Transparencia Venezuela, y el Colegio Nacional de Periodistas, demuestran lo contrario.

No es casual la escalada represiva, el patrón sistemático de criminalización, el cierre de 165 radios, 18 televisoras y 42 periódicos (2004-2019), de opacidad durante la pandemia, de desinformación, de despidos contra periodistas, con el colapso de servicios públicos en Venezuela (sin agua, sin gas, sin efectivo, escasa gasolina), durante apagones, sin internet, la importancia de retomar la noción del periodismo de servicio público, en beneficio de las comunidades que exigen mayor información y transparencia, en asuntos de interés público.

 Recordemos que la Asamblea Nacional publicó un acuerdo de forma unánime, el 02-07-2020, calificando el periodismo en Venezuela como una profesión de riesgo, citando 4108 ataques sistemáticos a la libertad de expresión que se han perpetrado desde 1999, que incluyen, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas, intimidación, hostigamiento policial y judicial, robos y afectaciones a la integridad física, criminalización de la comunicación, censura directa e indirecta, regulación del uso y acceso a internet, programas de vigilancia, bloqueo al acceso a información pública.

Según el último informe (julio 2020) elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por violaciones de los derechos humanos en Venezuela, se reconoce la “restricción de la libertad de expresión” y restricción de la “libertad de los medios de comunicación” con 28 diputados sin inmunidad parlamentaria, 36 fuera del país, 4 diputados encarcelados, la aplicación discrecional del «estado de alarma» por parte de los militares, la participación de los colectivos armados, restricciones indebidas del acceso a la información y la libertad de expresión, que se tradujeron en la detención de manifestantes, periodistas, defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos. 

Se mantiene el informe de la ACNUDH Michelle Bachelet,  denunciado además por el CNP, sus seccionales, por Espacio Público, por Ipys, por el SNTP, y desde la Consultoría Jurídica del Colegio Nacional de Periodistas, por el aumento de víctimas de detenciones arbitrarias, por parte de las fuerzas de seguridad, organismos judiciales cuestionados por la falta de transparencia e independencia, contra periodistas por cumplir con sus nobles labores ampararas por la Ley del Ejercicio del Periodismo, que hace poco cumplió la primera ley 48 años de promulgada. 

La Alta Comisionada de la ONU, en las conclusiones de su reciente informe confirmó que los periodistas y los defensores DDHH siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública, restricciones de espacio cívico, procesos penales intentados en su contra, por lo que recomendó expresamente  garantizar que las medidas excepcionales bajo el «estado de alarma» sean estrictamente necesarias, proporcionadas, limitadas en el tiempo, sujetas a supervisión y revisión independientes, además de hacer “plenamente efectivo” los derechos a las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación pacífica, así como los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos políticos.

En el natalicio del poeta cumanés Andrés Eloy Blanco, concluimos evocando los gritos libertarios de repudio a las detenciones arbitrarias (mazmorras Castillo de Puerto Cabello 1936): “Hemos echado al mar los grillos de los pies. Ahora, vayamos a la escuela a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza, porque la ignorancia es el camino de la tiranía”. 

Twitter @andresraulpaezp

Fuente  .  https://www.caraotadigital.net/opinion-1/detenciones-arbitrarias?fbclid=IwAR0YBnfi5V5LBFOgQrjnEYyXUx8MSDpB-d-egg

 


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