EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por:
Thu, 16 Jul 2020 14:33:15 -0400

 

COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS DE VENEZUELA

C O M U N I C A D O

EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

EN REPUDIO A LAS MEDIDAS DE SECUESTRO JUDICIAL EN CONTRA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN “LA PRENSA” Y “MI DIARIO”, REPÚBLICA DE PANAMÁ.

Visto que el día 4-7-2020, un tribunal civil panameño ordenó congelar los activos y las cuentas bancarias de Corporación La Prensa, propietaria de los periódicos La Prensa y Mi Diario, por un total de $ 1,13 millones, como parte de una demanda por difamación civil presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares.

Tomando en consideración que el diario La Prensa fue fundado en Panamá en el año 1980, que ha desarrollado periodismo de investigación durante varias décadas y el citado fallo judicial pone en riesgo su principal actividad de informar a los ciudadanos y dificulta el pago de salarios a 240 trabajadores, según el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Panamá.

Por cuanto del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé un amplio grado de libertad de expresión al garantizar el derecho a “buscar, recibir y difundir información”, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre dispone que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, lo que incluye el derecho a sostener opiniones sin interferencia y el derecho a divulgar información e ideas de toda índole independientemente del medio utilizado. Estos derechos han sido definidos también por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

En atención alprincipio Nº 13 de la Declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada por la OEA, sobre libertad de expresión, en el sentido, que la utilización del poder del Estado con el objetivo de presionar, castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores en función de sus líneas ideológicas, presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales, son incompatibles con la libertad de expresión.

Que el desarrollo de la doctrina y jurisprudencia universal, en materia de demandas civiles, en casos de eventuales excesos de la libertad de expresión, no pueden llevar a la autocensura y pretender desconocer la función social de la libertad de información y la prensa libre, y por ello se impuso la noción de la “real malicia”, para evaluar o verificar cualquier acción que involucre a un funcionario público (Caso New York Times Vs Sullivan Corte Suprema EE.UU).Además la aplicación del “reportaje neutro” garantiza que, dentrode una sociedad democrática, los periodistas y comentaristas externos puedan ejercer libremente susactividades editoriales, sin quedar sujetos a ninguna responsabilidad penal, salvo que no hayan actuadocon debida diligencia en determinar la veracidad de la información o del comentario recabado antes de transmitirla al público.

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva No. 5-85 reconoció expresamente la importancia fundamental de la libertad de expresión para la existencia de una sociedad democrática, que implica una manifestación de pluralismo y tolerancia frente a opiniones minoritarias (informe anual 1994, Cap V).

Que la misma CIDH ha desarrollado mediante diversas sentencias (Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, párr. 128; y Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 82. 130 Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina, párr. 76; Caso Mémoli Vs. Argentina, párr. 139. 26), que es fundamental que quienes laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que esta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca

Visto que en una sociedad democrática es necesario que la ciudadanía pueda tener un control completo y eficaz de la forma en que se conducen los asuntos públicos. Que las manifestaciones, las informaciones o comentarios emitidos o distribuidos en relación con asuntos de interés público que involucran a figuras públicas (como presuntos autores de actos de corrupción) no deben ser considerados hechos punibles dentro de una sociedad democrática.

Finalmente destacamos la vigencia de la sentencia de fecha 30-8-2019 dictada por la CIDH (caso Prof. Tulio Álvarez), en donde expresamente se considerólo siguiente: sobre “temas de interés público”, no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En efecto, el uso de la sanción penal por difundir noticias de esta naturaleza produciría, directa o indirectamente, un amedrentamiento que, en definitiva, limitaría la libertad de expresión e impediría someter al escrutinio público conductas que infrinjan el ordenamiento jurídico, como, por ejemplo, hechos de corrupción, abusos de autoridad, etc. Lo anterior debilitaría el control público sobre los poderes del Estado, con notorios perjuicios al pluralismo democrático.

Por las consideraciones que anteceden, el Colegio Nacional de Periodistas(CNP),de Venezuela,denuncia y alertael congelamiento de los activos y las cuentas bancarias de Corporación La Prensa, propietaria de los periódicos La Prensa y Mi Diario en Panamá, como unnuevo atentado a la libertad de expresión en Latinoamérica, contrariando derechos humanos fundamentales, protegidos por los tratados internacionales, por organismos internacionales de administración de justicia,desconociendo la importancia de la función social y de interés general que tiene la libertad de prensa, sobre asuntos de naturaleza pública, en perjuicio de ambos medios de comunicación, especialmente de sus trabajadores, de las labores periodísticas que desempeñan los profesionales acreditados, en beneficio de los ciudadanos, para estar debidamente informados, sin censura, sin fronteras, de acuerdo con las leyes de esa nación.

Publíquese y notifíquese copia del presente comunicado a la Junta Directiva de la Corporación La Prensa en Panamá, a los periódicos La Prensa y Mi Diario, al Colegio Nacional de Periodistas de Panamá, a la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Secretaría General de la OEA, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a las ONG en materia de defensa DDHH, a las seccionales del Colegio Nacional de Periodistas, de Venezuela, al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Espacio Público, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Expresión Libre, a la cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, a lasescuelas de Comunicación Social.

En la ciudad de Caracas, a los catorce (14) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020)

Por la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP):


-