ONU vs. Barbarie en Venezuela (II)

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Sun, 11 Oct 2020 22:49:51 -0400

Con ocasión del riguroso trabajo de la “Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela”, cuyo informe fue publicado el 16-09-2020 y aprobado el 06-10-2020, durante la celebración del 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), nos detendremos analizar algunas de sus recomendaciones hacia el estado venezolano, entiéndase régimen totalitario, desde la perspectiva de la defensa DDHH, de las responsabilidades del poder judicial y del ministerio público, en materia de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles, que guarda relación con la fraudulenta convocatoria de elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

 

Fundamental recordar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya había aprobado diversas resoluciones: 39/1, de 27 de septiembre de 2018, 42/4, de 26 de septiembre de 2019, y 42/25, de 27 de septiembre de 2019, sobre la violación sistemática DDHH.
Nuevamente la tiranía es objeto de la discusión y aprobación (22 votos a favor) de una resolución en donde de manera expresa se emite: “gran preocupación ante la alarmante situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, marcada por un cuadro persistente de violaciones que afectan de forma directa e indirecta a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en el contexto de la actual crisis política, económica, social y humanitaria.”

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mediante la aprobación del informe presentado, condenó enérgicamente el día 06-10-2020, todas las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos ocasionados por el despotismo en Venezuela.

Recordemos que la misión internacional llevó a cabo 274 entrevistas, investigó 223 casos, se detallaron 48 casos, espeluznantes por la multiplicidad de delitos de diversas naturaleza, en donde hubo perversiones de todo tipo, con la participación de funcionarios policiales, militares y autoridades de alto nivel, cuya “cadena de mando” debe ser investigados y sancionados, por los hechos ocurridos, gravísimos desde la perspectiva de la defensa de derechos humanos fundamentales, en consonancia con el derecho penal internacional.

No por casualidad, se acaban de cumplir 2 años de la muerte del Concejal Fernando Albán, dirigente opositor, ciudadano ejemplar, víctima de una detención arbitraria al regreso de un viaje internacional, hecho macabro ocurrido durante su custodia, con responsabilidad directa del organismo de seguridad y funcionarios involucrados, con graves irregularidades, contradicciones por diferentes altas autoridades al informar sobre cómo ocurrió el suceso, arrojando la presunción de responsabilidad del Estado, de acuerdo al informe desarrollado por la misión independiente de la ONU (caso No. 10), serias reservas acerca de la calificación de suicidio, además de un largo historial de violaciones al debido proceso, acoso, hostigamiento a sus familiares, y su defensor privado, este último hoy exilado en Colombia, docente de la UCV, Dr. Alfredo Aguilar, quien denunció oportunamente ante diversos organismos las barbaridades que sufrieron.

 

La misión independiente de la ONU, ha verificado que entre las principales víctimas de los patrones amplios de represión, figuran activistas sociales, líderes políticos al frente de las protestas, políticos de la oposición y disidentes militares acusados de rebelión, conspiración de golpes de estado, otros perfiles de personas que se ha visto que desafían las narrativas oficiales: funcionarios públicos seleccionados, jueces, fiscales, abogados, trabajadores de ONG, periodistas, blogueros, usuarios de redes sociales y, trabajadores de la salud.

El informe ONU aprobado el 06-10-2020, cita un patrón común que apareció en casi todos los casos investigados de altos funcionarios del Gobierno, nombrando los 4 funcionarios más altos en la estructura del estado venezolano, que hicieron declaraciones públicas en referencia a las detenciones, ya sea poco antes o poco después de que se produjeran, y comentaron sobre la responsabilidad penal de los imputados.

De acuerdo al informe ONU, existe responsabilidad (doble) de los fiscales del Ministerio Público, y de los jueces en las violaciones de los derechos humanos contra los disidentes políticos y militares.

La “justicia roja rojita”, esa que vociferaba todos los magistrados, con togas y discursos ideológicos en los actos de apertura del año judicial, en la sede del TSJ, con la consigna “uuuaaa Chávez no se va”, ahora se encuentra en el ojo del huracán de la ONU, al referirse literalmente sobre el sumiso poder judicial, de la siguiente forma: “la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, también en lo que respecta a los miembros del Tribunal Supremo, que carecen de independencia de las autoridades y el partido en el poder, socavan la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones de los derechos humanos y obstaculizan la celebración de elecciones libres, limpias, transparentes y creíbles.”

Sobre la impunidad reinante, llamada poderosamente la atención, que de los 165 casos examinados por la Misión de la ONU de asesinatos en protestas, 160 no han dado lugar a una sentencia.

La ONU nuevamente da un paso al frente, al condenar enérgicamente a la dictadura en Venezuela, por los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura, los malos tratos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad.

 

La renovación por 2 años (2022), del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela, permite que las 69 recomendaciones recogidas en los últimos 18 capítulos del denso informe de 443 folios, puedan investigarse, ampliarse, recibir otras denuncias, a través de una multiplicidad de ONG, defensores DDHH, que han asistido a las víctimas y familiares, para obtener procesos justos, investigaciones imparciales, sanciones ejemplarizantes, a pesar del dolor, pérdidas humanas y un largo camino de sufrimientos, derivados de una grotesca impunidad que hay que detener.

En este orden ideas trasciende las investigaciones de equipos multidisciplinarios de la ONU, al reconocer la importancia de la noble labor que realizan los defensores de los derechos humanos, los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, del sector salud, políticos, funcionarios, académicos y otros miembros de la sociedad civil para documentar las violaciones y transgresiones de los derechos humanos.

En este momento se encuentran activados los mecanismos internacionales sobre Venezuela, declarada formalmente por el informe ONU, aprobado en el Consejo de Derechos Humanos el 06-10-2020, por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de una serie de pronunciamientos contundentes de la OEA, sentencias de la CIDH, e informes de la relatoría de la libertad de expresión.

El régimen pretende desconocer sus responsabilidad directa, en cuanto a la “profunda alarma sobre crímenes de lesa humanidad: asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” de los venezolanos.

Finalmente, la dictadura acelera a trocha y mocha, un adefesio llamado impropiamente “Ley Antibloqueo” que entre sus atributos desconoce la jerarquía de instrumentos de cumplimiento obligatorio sobre el poder público, del erario público, del régimen presupuestario, de la libertad de información, sobre temas de escrutinio público, deliberadamente calificados como secretos, y otras derechos humanos fundamentales, que no pueden ser restringidos, por mandato de normas de rango constitucional y tratados internacionales, además de las competencias exclusivas del parlamento venezolano, usurpados por parte de otro organismo de facto, la espúrea Asamblea Nacional Constituyente o comunal, que ya posee experiencia en mecanismos de persecución política, como la conocida incorrectamente como “Ley Contra El Odio”.

Interesante que una persona integrante de ese cuerpo inconstitucional acaba recientemente de manifestar su “voto salvado” invocando que desconoce el contenido de la mal llamada “Ley Antibloqueo”. ¿Acaso a la mayoría de sus integrantes les permitirán disentir sin ser víctimas por traición a la revolución? Hasta el propio partido comunista solicita un debate público que los jerarcas de la tiranía parecen no aceptar. Tic tac, crece el descontento.

@andresraulpaezp

Por Andrés Raúl Páez
Consultor Jurídico del Colegio Naconal

 
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