Persecusión a la Libertad de Expresión

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Sat, 03 Apr 2021 11:46:43 -0400

 

De acuerdo a la ONG Espacio Público solamente para febrero se documentaron 38 violaciones a la libertad de expresión, a través de la censura, la intimidación y las restricciones administrativas. Los trabajadores públicos (28%), periodistas (24%) y los medios de comunicación (20%) fueron las víctimas más frecuentes, mientras que los victimarios resulta en su mayoría por instituciones del Estado, los cuerpos de seguridad y funcionarios.

Por otro lado, los venezolanos somos sorprendidos no por otro apagón nacional o temblor, o porque las vacunas no llegan por razones ideológicas, sino por nuevas detenciones arbitrarias cometidas contra ciudadanos, que bien por su arte, profesión y oficio, se dedican a informar u opinar[G1] .

Este miércoles 31-03-2021 funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro CONAS, conjuntamente  con efectivos del FAES, (cuerpos policiales señalados en diversos informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), en la localidad de El Tigre, Edo Anzoátegui, capturaron con gran rapidez y eficacia, en horas vespertinas, a los ciudadanos Juan Manuel Muñoz y Milagros Mata Gil, quienes son poeta, y escritora, respectivamente.

Ambos ciudadanos, a quienes no se les conocen ni antecedentes penales o prontuario policial, ejercen la noble profesión de ser escritores en tiempos de tiranía, el primero poeta y la segunda miembro de la Academia Nacional de la Lengua.

Llama poderosamente la atención, que Juan Manuel Muñoz y Milagros Mata Gil fueron imputados por la vindicta pública, entre miles de causas prioritarias, graves, complejas, de impacto nacional, en perjuicio de millones de venezolanos que han sido víctimas de la delincuencia organizada, por “instigación al odio”, cuya mal llamada Ley no ha sido sancionada por la Asamblea Nacional, presuntamente por emitir sus comentarios en redes sociales, sobre una boda, en donde asistieron altos funcionarios en Puerto La Cruz.

El tribunal que le correspondió conocer del veloz procedimiento penal, decidió otorgar medidas cautelares, inhabilitando al par de ciudadanos de 73 y 69 años, de conductas ejemplares, con la prohibición de hacer publicaciones relacionadas al caso y les impuso un régimen de presentación cada 30 días.

Para sustentar la persecución contra destacados ciudadanos, el Juzgado, y el Ministerio Público, quizás no evaluaron otros “antecedentes” de la Lic. Milagros Mata Gil, que de acuerdo a Wikipedia, es novelista y ensayista venezolana, profesora de castellano, literatura y latín en El Instituto Pedagógico de Caracas, investigadora en el área de literatura venezolana y, desde el año 2011, es miembro de la Academia Venezolana de la Lengua Española, por el Estado Bolívar, además de integrar la Comisión de literatura venezolana, en donde “evalúa y produce materiales críticos”, según el portal de la AVL.

Precisamente por ejercer la libertad de expresión, la Prof. Milagros Mata Gil, hizo uso de su derecho constitucional de emitir sus opiniones, sobre hechos que posee relevancia desde el punto de vista de salud pública, como es la pandemia mundial que nos afecta a todos, la libertad restringida de circulación, de reunión en Venezuela, y especialmente una boda muy concurrida en un lugar muy conocido en la población de Puerto La Cruz, en donde un alto funcionario (de facto), el ciudadano Fiscal designado por Nicolás Maduro, dicen que acudió a celebrar, además de haber sido ex gobernador por el partido PSUV en el estado Anzoátegui.

Sobre este particular, las expresiones de la escritora Milagros Mata Gil vertidas en un artículo elaborado por ella, denominado “Fiesta Mortal” sobre una “coronaboda” realizada en un club de Lecherías, relacionado con la pandemia, publicado en redes sociales, hay que analizarlas a la luz de la jurisprudencia actualizada emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según sentencia del 30-08-2020, caso Prof “Alvarez Ramos Vs Venezuela”.

Acerca de la relevancia social de “los delitos de odio” incumplen requisitos de estricta legalidad, además el imputar a ciudadanos selectivamente generarando sin lugar a dudas, censura sobre asuntos públicos, sobre funcionarios públicos, que las comunidades reclaman conocer.

Por derivaciones del principio de legalidad penal, previsto en el numeral 6 del artículos 49 Constitucional (nullum crimen nulla poena sine lege), y del artículo 1 del Código Penal, nadie puede ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como delito o falta en una Ley preexistente, sancionada por la Asamblea Nacional como única institución competente para ello.

En fecha 10-11-2017, la Relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su grave preocupación por la aprobación de "la ley contra el odio" en Venezuela y sus efectos en la libertad de expresión y de prensa. Tales fórmulas establecen figuras vagas y abiertas como la "promoción o fomento" de toda clase de "discriminación", tienen la capacidad de prohibir una amplia gama de expresiones públicas que están protegidas por el derecho internacional, lo cual produce un efecto intimidatorio sistémico en el espacio público y en las redes sociales de Venezuela.

Por otro lado, ha causado conmoción reciente, que los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, del equipo NTN24, quienes que se encontraban trabajando en el Estado Apure, cubriendo los recientes combates irregulares entre la guerrilla FARC y la FANB, que iniciaron el 21 de marzo, fueron detenidos arbitrariamente el día 31-03-2021 junto a Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado, que trabajan en Fundaredes, sin conocerse en las primeras 29 horas su paradero.

Posteriormente, debido a las múltiples exigencias, diligencias, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), del Colegio Nacional de Periodistas, de las seccionales del CNP en Caracas, Apure, y otras dependencias, de IPYS, Provea, defensores DDHH, gremios, activistas, dirigentes comunitarios, políticos, sociedad civil, se pudo conocer dónde se encontraban los profesionales del periodismo, y activistas de Fundaredes, detenidos de forma arbitraria, específicamente en la Brigada 92, del Fuerte Sorocaima, ubicado en la población de Guasdualito, en el Municipio Páez, del estado Apure.

De acuerdo al artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

¿Qué tienen en común las recientes detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas bajo un patrón sistemático?

El Estado Venezolano fue condenado el 30 de agosto del 2019, por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en el Caso Profesor Alvarez Ramos, luego de una atroz persecución política del régimen, por haber violado directamente el derecho a la información, a la libertad de circulación, al debido proceso, cuyo fallo guarda relación directa con los hechos antes citados.

En este sentido el fallo del caso Venezuela (pág. 17, párrafo 76), sentenciado por la Corte IDH en fecha 30-08-2021, consideró que:

“ el tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública”. Sostuvo que la protección a la honra o reputación sólo debe garantizarse a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o una persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público, siempre en atención a los principios del pluralismo democrático. Es decir, la utilización de mecanismos penales para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público, y especialmente sobre funcionarios públicos o políticos, vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana, ya que no hay un interés social imperativo que la justifique, resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público.

¿Por qué se mantiene vigente el mandato de la Corte IDH para el Estado venezolano? que incumple el régimen de tendencia totalitaria con estas nuevas detenciones:

Veamos el fallo citado (pág. 20, párrafo 96):

“ la Corte ha indicado que la primera dimensión de la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios” En este sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. Con respecto a la segunda dimensión del derecho a la libertad de expresión esto es, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.

La Convención Americana garantiza este derecho a toda persona, independientemente de cualquier otra consideración, por lo que no cabe considerarla ni restringirla a una determinada profesión o grupo de personas. La libertad de expresión es un componente esencial de la libertad de prensa, sin que por ello sean sinónimos o el ejercicio de la primera esté condicionado a la segunda.”

Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. Igualmente, la Corte ha entendido que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en los términos previstos del artículo 13 de la Convención…”

¿Qué dijo la Corte sobre el ejercicio de la libertad de expresión que las autoridades policiales, militares, tribunales y el Ministerio Público omiten analizar?

“… se trata de una actividad indispensable en una sociedad plural para ejercer el control público sobre los actos de gobierno y administración. Por ende, en casos como el presente, en que se está frente a denuncias de conductas públicas de funcionarios cuyo control respondería a un interés público, se trata del ejercicio de una actividad expresamente protegida por la Convención Americana y, consecuentemente, no puede considerarse encuadrada en la conducta tipificada por la ley penal. Esto no significa que eventualmente la conducta periodística no pueda generar responsabilidad en otro ámbito jurídico, como el civil, o la rectificación o disculpas públicas, por ejemplo, en casos de eventuales abusos o excesos de mala fe. De toda forma, tratándose del ejercicio de una actividad protegida por la Convención, se excluye la tipicidad penal y, por ende, la posibilidad de que sea considerada como delito y objeto de penas. A este respecto, debe quedar claro que no se trata de una exclusión de la prohibición por justificación o especial permiso, sino del ejercicio libre de una actividad que la Convención protege en razón de resultar indispensable para la preservación de la democracia.”

Siguen repitiéndose hechos graves que guardan relación directa con pronunciamientos de alertas del Colegio Nacional de Periodistas, emitidos el 30-12-2020 y el 14-01-2021, conjuntamente con la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, además de la Seccional CNP Caracas y otras organizaciones especializadas en la defensa efectiva de garantías DDHH protegidas por la Carta Magna, todos sumamente graves por el saldo negativo de violaciones sistemáticas, masivas, más de 944 violaciones al derecho de la libertad de expresión durante el año 2020, más 122 detenciones arbitrarias, en su mayoría de periodistas, trabajadores de la prensa e infociudadanos, el cierre de más de 165 emisoras de radio, 18 canales de televisión y 42 periódicos (hasta el 2019).

Imposible olvidar los 320 presos políticos, los más de 12.000 sometidos sin debido proceso, las víctimas de persecución, amenazas, enjuiciamiento, detenciones arbitrarias, sometidos a medidas sustitutivas de libertad, sin haber cometido delitos, criminalizados e inhabilitados, específicamente los periodistas: Víctor Ugas, Darwinson Rojas, Ana Belén Tovar, Arnaldo Sumoza, Elides Rojas, Marco Antoima, Mimi Arreza, Carol Romero, Eduardo Galindo Peña, y Roland Carreño, quien tiene más de 159 días encarcelado injustamente, además de haber sido sometido a una permanente campaña de desprestigio desde VTV.

Desde la Consultoría Jurídica del Colegio Nacional de Periodistas, hemos observado el avance peligroso, con el concurso de diversos tribunales, fiscales del Ministerio Público, organismos de seguridad civiles y militares, en contra de medios de comunicación, periódicos, estaciones de radios, programas, corresponsales extranjeros, portales, reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa e infociudadanos, afectando directamente la libertad de expresión, la libertad de información y la prensa libre.

El régimen opresor y sus altos funcionarios, a pesar de la hegemonía comunicacional bajo un solo tinte ideológico, están sometidos al permanente escrutinio público, mediante derechos humanos fundamentales, como la libertad de prensa, libertad de información, que guarda relación directa con el ejercicio de la libertad de expresión, sin fronteras, amparado especialmente por el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, por la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y especialmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 57, 58 y 337.

La CIDH expresamente ha considerado “que en el caso de un discurso protegido por un interés público, como son los referidos a conductas de funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente”.

Literalmente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre sobre temas de interés público, ha sentenciado, que no solo se debe proteger la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población.

No es casual, las medidas de prohibición de declarar, de salir del país, el bloqueo de cuentas, la retención de equipos de trabajo, confiscaciones, cierre de medios, a través del efecto estigmatizador de pronunciamientos penales, impuesta bajo la figura de “instigación al odio” supuesto de norma inconstitucional utilizada como comodín judicial contra periodistas, abogados, trabajadores de la prensa o cualquier opositor a la tiranía reinante en Venezuela, para evitar el control público sobre actos de fuerza, gobierno y administración, emanados de altos cargos, a lo largo de todo el territorio nacional.

El régimen de tendencia totalitaria sigue sin cumplir las resoluciones aprobadas por la ONU, identificadas así: 39/1, de 27 de septiembre de 2018, 42/4, del 26 de septiembre de 2019, y 42/25, del 27 de septiembre de 2019, y del 5 de octubre del 2020, sobre Venezuela, especialmente ante la “alarmante situación de los derechos humanos marcada por un cuadro persistente de violaciones que afectan de forma directa e indirecta a todos los derechos humanos, —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— en el contexto de la actual crisis política, económica, social y humanitaria”, como se indica en los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos en Venezuela.

Por Andrés Raúl Páez Consultor Jurídico CNP

Twitter @andresraulpaezp


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