¡Respeten a los trabajadores de la prensa!

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Fri, 07 May 2021 22:36:54 -0400

 

 

El 28 de abril se conmemora el día de la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de promover la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales en todo el mundo.

También en esta fecha se celebra el día Internacional en memoria de los trabajadores fallecidos y heridos, que el movimiento sindical reivindica en el año 1996.

Desde esta perspectiva surgen las siguientes reflexiones: ¿se protegen en Venezuela la noble labor de los comunicadores sociales e infociudadanos? ¿Cuántos medios de comunicación han sido cerrados? ¿Qué remuneraciones y cuáles beneficios perciben los trabajadores de la prensa actualmente?

El balance en las 2 ultimas década es aterrador, por hechos de violencia generados desde la multiplicidad de actores del despotismo, entiéndase estado forajido hoy convertido en estado fallido, a través de funcionarios policiales, militares, colectivos armados, altos y medianos jerarcas, en la violación sistemática de derechos humanos fundamentales, especialmente a las libertades del debido proceso, presunción de inocencia, de expresión, de información y prensa libre, protegidos por disposiciones de rango constitucional en los artículos 19, 23, 44, 57, 58 y 337, conjuntamente con diversos tratados internacionales ratificados por el estado venezolano.

Según registros llevados por la ONG Espacio Público, en el año 2020 se cometieron más de 944 violaciones a la libertad de expresión, más de 122 detenciones arbitrarias. En los últimos años se han cerrado más de 165 emisoras de radio, 18 televisoras, y 42 periódicos. En enero del presente año hubo 30 violaciones de libertad de expresión, en febrero 38 y en marzo 47 violaciones a dicha garantía constitucional

Simultáneamente el estado venezolano ha incumplido directamente de forma grotesca e impunemente las recomendaciones emanadas de la Organización Internacional del Trabajo, todas y cada una de las garantías laborales protegidas en el Capítulo V de la Carta Magna, especialmente en materia: del derecho a la salud, de un servicio público nacional de salud, de la seguridad social, de la ocupación productiva, del trabajo saludable, de la protección efectiva del salario, de una remuneración digna dentro de la mayor inflación del planeta por cuarto año consecutivo, de la inexistente estabilidad laboral, respeto a la sindicalización.

En este sentido las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, conocida como LOPCYMAT, y su Reglamento, no pueden ser cumplidas y menos garantizadas su efectividad, a los trabajadores de la prensa, tomando en consideración, que tenemos niveles alarmantes de desempleo, de economía informal, multiplicados en tiempos de pandemia, de violencia, de homicidios, de agresiones constantes, de amenazas, de hostigamientos, de una feroz campaña de desinformación, persecuciones, criminalización, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, cierre de medios de comunicación con un entorno de inexistentes de servicios públicos de calidad, es decir, con escasez de: agua, luz, efectivo, gasoil, gas y gasolina, paradójicamente en una país petrolero empobrecido, en séptimo año consecutivo de recesión económica, con 320 presos políticos y más de 12.000 ciudadanos sometidos a una administración de justicia ideologizada, sin imparcialidad e idoneidad.

La discriminación por razones políticas, es una constante del régimen de tendencia totalitaria para importar y distribuir vacunar, suministrar servicios públicos, no decir la verdad acerca de millones de vacunas que se prometen, en el aire, en cadenas nacionales, que no llegan, o con vacunas que se encuentran en etapas de experimentación no certificadas por la OMS, y otras de marcas reconocidas, que son inoculadas de forma privilegiadas, excluyente, exigiendo a los desposeídos, comunidades de bajos recursos, ciudadanos en general el “carnet de la patria”.

Un ejemplo de esta aberración de discriminación política, a través del carnet de la patria, fue la jornada de vacunación en el Municipio Baruta, implementada con preferencias a los activistas PSUV. ¿Acaso los trabajadores del sector de Salud, los baruteños de la tercera edad, y otros grupos de riesgo con patologías comprobadas y resto de población no son ciudadanos?

Trágico que tengamos no solamente una crisis humanitaria grave compleja, sino que además un mecanismo de apartheid político, que es indolente con las muertes de más de 513 fallecimientos de trabajadores del sector salud, en donde los trabajadores de la prensa, periodistas e infociudadanos también han sido víctimas, los valiosos docentes y estudiantes de nuestras universidades públicas, cuya anomia ha provocado la emisión de boletines de alarma de la Academia Nacional de la Medicina, de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, de la Conferencia Episcopal Venezolana, además de más 600 ONG que han rechazado el zarpazo de la Providencia 001-2021 emanada de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, adscrita al Ministerio del Interior, que pretende exigir un registro unificado, en contra de la libertad de asociación protegida por la Constitución Nacional.

La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, además de los equipos del CNP Seccionales: Caracas, Zulia, Cojedes, Aragua, Anzoátegui, Apure, y otras han emitido diversos alertas, y denuncias dadas las recientes detenciones arbitrarias ocurridas en fecha 31-03-2021, contra los periodistas Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández, de NTN, y de trabajadores de la ONG Fundaredes, por registrar los hechos graves suscitados en el Municipio Páez del Estado Apure, de la detención arbitraria de los escritores Manuel Muñoz y Milagros Mata Gil por opinar, del cierre de emisoras de “Radio fe y Alegría” en El Tigre y recientemente el CNP Seccional Sucre, visto el grave incendio provocado en la sede del Colegio Nacional de Periodistas en la ciudad de Cumana , el lunes 19-04-2021, con daño patrimonial en el CNP, en bienes de la Orquesta Sinfónica Municipal y una academia de baile, paradójicamente en cercanía con un puesto de seguridad militar.

Por otro lado, ante la opacidad de información gubernamental, es sumamente delicado que vistos los recientes enfrentamientos de la FANB con elementos insurgentes o guerrilla, o delincuencia organizada, llámese como se llame, en el estado Apure, con sensibles fallecimientos de efectivos castrenses venezolanos, no se emitan boletines oficiales sobre los graves sucesos, sobre la identificación de los asesinados, heridos, desaparecidos, robo de armamento, y cualquier hecho que permita mayor escrutinio público, el cese de la violencia, la aprehensión o desmantelamiento de grupos de delincuencia organizada, bajo cualquier figura, con transparencia, en beneficio de las comunidades, y sus familiares, en estos momentos dolorosos que se reclama el cese de la impunidad.

Luego de más de 6 meses, de la desaparición forzada, detención arbitraria, tortura, tratos crueles en perjuicio del periodista Roland Carreño, somos solidarios con cada uno de los argumentos realizados a través de su defensor Dr. Joel García, para exigir su liberación inmediata, plena, cuyos delitos se unen a los denunciados ante: la CIDH, ACNUDH, y Misión Independiente para la determinación de los hechos en Venezuela de la ONU.

La tiranía sigue deliberadamente incumpliendo las recomendaciones expresas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DH en el sentido de “abstenerse de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y a los profesionales de los medios de comunicación para protegerlos, entre ellas la adopción de un protocolo especializado para investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos.”

Exigimos que se investigue por todos los organismos competentes, y se sancione la detención arbitraria de los periodistas Edwin Prieto Rosales, corresponsal de Impacto Mundo y Lenin Danieri, ocurrida el 27-04-2021, en la población de Machiques de Perijá, por funcionarios de la GNB, despojados de sus vestimentas, interrogados y borrados el material grabado en sus celulares.

Ante estos nuevos atropellos, hechos de violencia, delitos cometidos en perjuicio de los trabajadores de la prensa, cobra vigencia las oportunas denuncias realizadas a través del Presidente del CNP, Lic Tinedo Guia, en fechas 30-12-2020, 14-01-2021 conjuntamente con la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, 29-03-21, y 20-04-2021 a raíz del adefesio de sentencias y violaciones de garantías constitucionales y procesales del TSJ, con ocasión del cierre inminente del diario El Nacional.

Las llamadas de alertas han sido disparadas por el CNP, por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), PROVEA, ININCO, Acceso a la Justicia, PROVEA, Transparencia Venezuela, y todas las ONG defensoras y activistas DDHH, desde todos los sectores que pertenecen la golpeada sociedad civil en Venezuela, hoy bajo un estado forajido convertido en estado fallido, en perjuicio de cualquier figura o forma de organización, llámense academias, sindicatos, gremios, colegios profesionales, iglesias de cualquier credo, y organizaciones sin fines de lucro.

Desde la Consultoría Jurídica del Colegio Nacional de Periodistas, nos unimos al rechazo categórico en esta nueva escalada represiva, vistos los ataques sistemáticos contra defensores de derechos humanos, cierre de medios de comunicación, que han sido víctimas de numerosas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, criminalizaciones, hostigamientos, violaciones al debido proceso, incomunicaciones, robo de equipos, sustracción de celulares, campañas de descredito, especialmente contra periodistas, reporteros gráficos, trabajadores de la prensa e infociudadanos.

Por Andrés Raúl Páez Consultor Jurídico CNP

Twitter @andresraulpaezp


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