ROLAND CARREÑO

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Sun, 01 Nov 2020 22:39:40 -0400

 

Por Andrés Raúl Páez Consultor Jurídico CNP

Hemos publicado en el último año, numerosos artículos de opinión, relacionados con los ataques sistemáticos contra defensores de derechos humanos, medios de comunicación, que han sido víctimas de numerosas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, criminalizaciones, hostigamientos, violaciones al debido proceso, incomunicaciones, campañas de descredito, especialmente contra periodistas, reporteros gráficos, trabajadores de la prensa e infociudadanos.

Las llamadas de alertas han sido disparadas desde todos los sectores que pertenecen la golpeada sociedad civil en Venezuela, hoy bajo un estado forajido convertido en estado fallido, en perjuicio de cualquier figura o forma de organización, llámense academias, sindicatos, gremios, colegios profesionales, iglesias de cualquier credo, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, corporaciones y especialmente los ciudadanos.

Retumban gritos de alarma, que han denunciado la gravísima situación general que padecen los venezolanos, que causa mucho dolor, ocasiona censura, desinformación, temor, amedrentamiento, afectación directa en la defensa de los derechos humanos fundamentales, con el colapso profundo de todos los servicios públicos, la mayor inflación del planeta durante 3 años consecutivos, séptimo año de recesión, crisis humanitaria, hambruna generalizada, más de 359 presos políticos, dentro de una escalada represiva contra perfiles de víctimas selectivos, en el desconocimiento de la Asamblea Nacional como única institución legítima de los poderes autónomos que sobreviven de la república.

En este contexto, llama nuestra atención la detención arbitraria del comunicador Roland Carreño, dirigente político de Voluntad Popular, ocurrida en la ciudad de Caracas, en horas de la tarde del día lunes 26-10-2020, acompañados por los ciudadanos Jefferson Sarcos y Elías Rodríguez, así como el allanamiento posterior de su residencia.

El TSJ oficialista publicó el 29-10-2020, que Roland Carreño era el encargado de supuestamente hacer los pagos de logística a “grupos terroristas”, indicando que se decretó la privativa de libertad por los delitos de “financiamiento al terrorismo; conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de arma de guerra.

En este orden de ideas, es oportuno citar que El exdirector del Sebin Gral. Manuel Cristopher Figuera relató detalles en entrevista concedida a AP, y publicada por el diario Tal Cual el día 04-07-2019, de lo que describió como órdenes directas recibidas de Maduro para cometer abusos, incluyendo detenciones arbitrarias y siembra de evidencias para inculpar a opositores. Bajo este contexto fue criminalizado el dirigente Roberto Marrero.

Recordemos que en junio del presente año, se publicó el “Informe Conjunto Sobre Patrones de Violación del Derecho a la Defensa de los Derechos Humanos”, elaborado por 44 ONG venezolanas, confirmando patrones de ataque por parte de organismos policiales y militares, contra defensores DDHH, abogados, trabajadores del sector salud, sindicalistas, líderes sociales, comunitarios, y periodistas, a través de 50 casos en los últimos 3 años.

Los días 27, 28 y 29-10-2020, el Ministro de Comunicaciones, el Fiscal General designado por la ANC, y Venezolana de Televisión, publicaron de manera repetida además de otros medios de comunicación oficiales, que el periodista Roland Carreño “fue capturado in fraganti y ha confesado su participación en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República.”

En Venezuela se ha normalizado la práctica de desacreditar y difamar a defensores de derechos humanos, incluyendo activistas, abogados, líderes de base, personal de salud, sindicalistas y trabajadores humanitarios, especialmente a los periodistas.

En el informe elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, publicado el 2-07-2020, se constató que los periodistas y los defensores DDHH siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública, restricciones de espacio cívico, procesos penales intentados en su contra, por lo que recomendó expresamente (literales a, b, d), garantizar que las medidas excepcionales bajo el "estado de alarma" sean estrictamente necesarias, proporcionadas, limitadas en el tiempo, sujetas a supervisión y revisión independientes, además de hacer “plenamente efectivo” los derechos a las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación pacífica, así como los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos políticos.

La tiranía sigue deliberadamente incumpliendo la recomendación de ACNUDH, en el sentido de “abstenerse de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y a los profesionales de los medios de comunicación para protegerlos, entre ellas la adopción de un protocolo especializado para investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos.”

Igualmente de forma expresa el informe elaborado por la Misión independiente para la determinación de los hechos en Venezuela, de las Naciones Unidas, encontró motivos razonables que “se utilizaron detenciones arbitrarias contra personas por su afiliación, participación, opiniones o expresión política, sin orden judicial, uso de fuerza excesiva durante las detenciones, personas detenidas sin ser informadas de los cargos en su contra, detenciones en las que los funcionarios no se identificaron o estaban encapuchados, allanamientos sin orden de un juez, robos durante los allanamientos, uso de la figura de flagrancia para detener, y siembra de armas”, y como parte de los organismos de seguridad utilizados la PNB y el SEBIN, ambos también presentes en el procedimiento instaurado contra el ciudadano Roland Carreño.

Es importante destacar que la CIDH expresamente en sentencia contra el estado venezolano (30-08-2020 Caso Prof Tulio Alvarez), ha considerado “que en el caso de un discurso protegido por un interés público, como son los referidos a conductas de funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente”.

El Consejo de Seguridad Nacional de los EEUU, publicó en tuiter el día 29-10-2020, que la detención de Roland Carreño “es una prueba más de lo que saben los venezolanos y un informe reciente de la ONU lo confirmó: la corrupción y brutalidad del régimen de Maduro”

Como ciudadano y profesional del derecho denunciamos el formato, sistemático, de criminalizar a reporteros, trabajadores de la prensa, periodistas, sometiéndolos de forma parcializada, a la jurisdicción penal, imponiendo una censura judicial contra profesionales, que deben cumplir con el mandato de la Ley del Ejercicio del Periodismo, su Reglamento y el Código de Etica Profesional del Periodista.

Desde la Consultoría Jurídica del Colegio Nacional de Periodistas, apoyamos el pronunciamiento publicado el día 30-10-2020 por su Junta Directiva Nacional, presidida por el Lic. Tinedo Guía, denunciando la detención arbitraria del Licenciado Roland Carreño, en defensa de la vigencia del debido proceso, de la libertad de prensa, libertad de información, que guarda relación directa con el ejercicio de la libertad de expresión, sin fronteras, amparados especialmente por el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y especialmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por sus artículos 23, 49, 57, 58 y 337, cuyas garantías no pueden ser restringidas en estados de excepción, bajo ningún motivo.

Twitter @andresraulpaezp


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